En una reciente declaración, el Partido Popular de Galicia (PPdeG) ha señalado que la implementación de la nueva ley de eficiencia judicial podría convertir a la comunidad gallega en la cuarta más perjudicada por la sobrecarga que esta norma generará en los tribunales de violencia sobre la mujer.

Según indican los populares, la legislación provocará un aumento estimado del 18% en la carga de trabajo de los juzgados, basándose en información del Consejo General del Poder Judicial. Argumentan que la presión sobre los juzgados gallegos será aún más intensa en comparación con la media del resto del país.

Específicamente, el PPdeG ha destacado que los juzgados de Vigo y A Coruña se verán obligados a asumir, cada uno, alrededor de un centenar de casos adicionales por año como resultado de la nueva normativa.

El partido ha manifestado su indignación ante esta situación, subrayando que el incremento en la carga de trabajo podría tener un impacto negativo serio en la efectividad de la lucha contra la violencia de género. Acusan al PSOE y al BNG de haber respaldado esta ley sin considerar sus consecuencias perjudiciales.

La senadora del PP por Pontevedra, Pepa Pardo, ha criticado duramente a los partidos que apoyaron la ley, sugiriendo que no solo han puesto en riesgo la protección de las víctimas, sino que también han contribuido a un sistema judicial menos eficaz para combatir este grave problema social.

Pardo también ha señalado que los socialistas y nacionalistas desestimaron una propuesta del PP en el Congreso que buscaba revertir esta situación. Ante esto, ha anunciado que su partido volverá a presentar la iniciativa en el Senado y ha instado a los demás grupos a reconsiderar su postura y actuar en beneficio de quienes sufren violencia de género.