El gobierno autonómico de Galicia ha tomado la decisión de establecer un nuevo impuesto que afectará a las estancias turísticas en la comunidad, el cual busca ser implementado a partir del 1 de enero de 2025. Esta iniciativa, impulsada por el Partido Popular de Galicia (PPdeG), permitirá a los municipios decidir si aplican esta tasa que oscilará entre 1 y 2,5 euros. Sin embargo, se aplicará solo por un máximo de cinco días, dado que a partir del sexto día no se cobrará.

Hasta el momento, el gobierno municipal de Santiago de Compostela, dirigido por la nacionalista Goretti Sanmartín, es el único que ha expresado formalmente su intención de aplicar esta nueva tasa, lo que ha llevado a reuniones con representantes de la Xunta para definir los detalles legales de su implementación.

El portavoz parlamentario del PPdeG, Alberto Pazos, confirmó en una reciente rueda de prensa que la tasa estará lista para ser utilizada el próximo año. Presentando esta medida como un avance, el partido gobernante ha subrayado que la propuesta es similar a la planteada inicialmente por el Ayuntamiento de Santiago, aunque con la diferencia del límite temporal que se aplica.

El esquema de cobro contempla que los turistas que se alojen en albergues, campamentos de turismo y viviendas turísticas paguen un euro por persona y noche. En el caso de pensiones y hoteles de una y dos estrellas, el importe se elevará a 1,5 euros por noche. Cabe destacar que el nuevo impuesto también se aplicará al fondeo o amarre de embarcaciones de crucero que realicen escalas en los puertos de Galicia, exceptuando aquellos que tengan como origen o destino un puerto de la comunidad.

En el supuesto de que los visitantes se alojen en un hotel de dos estrellas superior o en un establecimiento de tres y cuatro estrellas, la cantidad a abonar podría alcanzar los 2 euros. Para aquellos que elijan una experiencia en hoteles de cinco estrellas y cinco superior, la tasa máxima a pagar será de 2,5 euros.

La normativa también contempla diversas exenciones que permitirán a ciertos grupos estar exentos del cobro de esta tasa. Esto incluye a personas que viajen por motivos médicos, deportistas federados que asistan a competiciones oficiales y aquellos que se vean forzados a permanecer en la zona debido a circunstancias de fuerza mayor. También estarán exentos los menores de edad no emancipados y las personas con un grado de discapacidad del 65% o superior, entre otros.

Durante la reunión que se llevó a cabo para desglosar esta nueva normativa, se reafirmó que la aplicación del impuesto será opcional, lo que permitirá a los municipios gestionar a su criterio la recaudación y el uso de los fondos. Se afirmó además que el 80% de los ingresos generados por esta tasa deberá destinarse al impulso de un turismo sostenible, dedicándose principalmente a la mejora de infraestructuras turísticas y al fortalecimiento de los servicios para visitantes.

La norma también confiere a los ayuntamientos la capacidad de establecer recargos adicionales sobre el impuesto, únicamente si se justifica adecuadamente su necesidad y se demuestra el impacto que tendría respecto a las metas que se buscan alcanzar. En dicho proceso, es crucial que se garantice la consulta y participación de las organizaciones y asociaciones que representen al sector turístico, asegurando así que todos los puntos de vista sean tomados en cuenta.

Finalmente, la normativa prevé la creación de una comisión municipal para supervisar la implementación del recargo, compuesta por miembros del ayuntamiento, empresas del sector y representantes de asociaciones vecinales, lo que denota un esfuerzo por incluir las voces locales en la gestión de esta nueva medida.