El Partido Popular de Galicia (PPdeG) ha afirmado con firmeza su posición al respecto de las conclusiones alcanzadas en la reciente comisión de investigación centrada en los contratos de la Administración, enfatizando que estas son "sólidas e irrefutables". Desde el partido, se reclama que el "principio de mayoría" debe prevalecer a la hora de adoptar acuerdos en el ámbito parlamentario.

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2 de enero.

En un acto significativo, el PPdeG ha dado entrada a un voto particular que pone en tela de juicio el contenido del dictamen elaborado por la comisión de investigación. Este dictamen fue aprobado solamente con los votos del grupo popular, lo que generó controversias respecto a supuestos "vetos" que habrían limitado la comparecencia de ciertos testigos y la entrega de documentación. El registro de este voto particular busca refutar lo que consideran acusaciones infundadas por parte de la oposición.

La citada comisión concluyó sus actividades el pasado 27 de diciembre con la aprobación de un dictamen. Además, se estableció un plazo hasta el 31 de diciembre al mediodía para que los diferentes grupos parlamentarios pudiesen presentar sus respectivos votos particulares, que serán debatidos y votados en el pleno del Parlamento gallego.

En este marco de debate, tanto el Bloque Nacionalista Galego (BNG) como el Partido Socialista de Galicia (PSdeG) han realizado sus propias aportaciones, pero no son los únicos, ya que el PPdeG también ha registrado su voto particular, como lo insinuó el viceportavoz del BNG, Luís Bará, en una reciente rueda de prensa. Fuentes del PP confirmaron esta información a Europa Press.

El voto particular presentado por el PPdeG busca señalar y refutar las enmiendas propuestas por el PSdeG que, a su vez, fueron desestimadas el pasado viernes. No obstante, el PPdeG asegura que no pretende alejarse de las "sólidas e irrefutables conclusiones" previamente aprobadas, sino que su objetivo es contrarrestar las críticas formuladas por los grupos nacionalistas y socialistas.

Desde el inicio de esta investigación, aquellos en la oposición, destacándose el BNG, han criticado el control que ejerce el PP a través de su mayoría absoluta, particularmente en lo que respecta a la aprobación de las reglas de funcionamiento y el plan de trabajo que define quiénes deben comparecer y qué documentos se debían solicitar. Esta situación llevó al BNG a presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, alegando que se habían vulnerado los derechos de sus representantes.

En el voto particular, el PPdeG incluye un segmento del informe que los letrados de la Cámara gallega presentaron al BNG, donde especificaron que el "derecho" de sus parlamentarios a establecer una comisión de investigación queda agotado con su creación. Así, se argumenta que el funcionamiento de dicha comisión y sus decisiones deben someterse al "principio democrático" que establece que los acuerdos se toman por mayoría.

Asimismo, el PP asegura que tanto el BNG como el PSdeG rechazaron sus propuestas para incluir a más testigos en la orden del día del Trabajo de la comisión, algo que podría haber ampliado la diversidad de opiniones sobre el tema. Los populares rechazan firmemente que se deba hablar de "vetos", pues argumentan que se trata de un ejercicio legítimo del principio de mayoría, fundamental en cualquier sistema democrático.

La oposición ha manifestado su deseo de citar a figuras destacadas como Alberto Núñez Feijóo, el presidente de la Xunta durante gran parte del periodo objeto de investigación, así como a directores de empresas que mantuvieron contratos con la administración, incluyendo a Micaela Núñez Feijóo de Eulen, hermana del expresidente.

En su documento, el PPdeG también desmiente acusaciones de ocultamiento de información en relación a los contratos y la concesión del Hospital Álvaro Cunqueiro en Vigo, afirmando que toda la documentación necesaria fue presentada de manera completa y en los plazos establecidos.

Sobre el hospital vigués, el dictamen aprobado indica que durante la gestión del bipartito entre 2005 y 2009, bajo la presidencia de Emilio Pérez Touriño, se propuso hacer uso de la colaboración público-privada para su construcción. En concreto, se planteaba la creación de una sociedad mixta con un 90 por ciento de capital privado.

El voto particular del PPdeG refuerza esta afirmación citando seis documentos elaborados por la consultora Garrigues Abogados en 2008, así como la comparecencia del socio de dicha firma, Alfredo Fernández Rancaño, que indicaron que el bipartito tenía la intención de construir el nuevo hospital de Vigo mediante una empresa mixta, según recalca el Grupo Popular.

Sin embargo, tanto el PSdeG como el BNG rechazaron esta interpretación de los hechos. En sus declaraciones realizadas en la comisión, las exconselleiras de Obras Públicas y Sanidad de esa época sostuvieron que los informes mencionados solo servían como una evaluación de opciones y aseguraron que la Xunta de aquel entonces tenía la intención de llevar a cabo la infraestructura a través de la Sociedade Pública de Investimentos (SPI).

Además, el voto particular del PP busca aclarar las alegaciones de la oposición sobre la supuesta falta de remisión al Parlamento de un informe de PriceWaterhouseCoopers (PwC) relativo a la viabilidad financiero-económica del Álvaro Cunqueiro, elaborado en 2010 y alegadamente confidencial.

El Grupo Popular enfatiza que dicho informe se envió a la Cámara en el tiempo estipulado, y agiliza que la supuesta confidencialidad del mismo "no tiene relación alguna con la Xunta de Galicia ni con el PP", ya que este fue un argumento que presentó la empresa cuando un tercero lo solicitó mediante los mecanismos establecidos por la ley de transparencia.

Por último, el PP explica que el informe fue efectivamente remitido a la comisión parlamentaria, debido a que su envío se rige por las normativas de la Cámara y no por disposiciones de la ley de transparencia, lo que subraya su compromiso con la transparencia en las actividades parlamentarias.