El PPdeG exige al Gobierno aumentar la dotación policial para salvaguardar a las víctimas de violencia de género.
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 de noviembre.
Esta mañana, un grupo de mujeres del Partido Popular de Galicia (PPdeG), encabezado por la secretaria xeral, Paula Prado, y la conselleira de Igualdade, Fabiola García, organizó un acto en Santiago para conmemorar el 25 de noviembre. En este evento, hicieron un llamado al Gobierno central para que se refuercen los cuerpos policiales y se continúe brindando protección a las víctimas de la violencia de género.
Durante la rueda de prensa, García enfatizó la necesidad de incrementar la presencia policial en las calles gallegas. A su juicio, esta medida permitiría que las mujeres se unieran en un grito colectivo contra la violencia. "Necesitamos más policía para asegurar que nuestra voz se escuche de manera clara y contundente", afirmó la conselleira.
García también se comprometió a llevar a cabo campañas de concienciación sobre los riesgos asociados a las nuevas tecnologías. Resaltó que las mujeres jóvenes no deben permitir el control a través de sus dispositivos móviles, advirtiendo que si aceptan esta situación, "el machismo sale ganando".
Por su parte, Paula Prado destacó la importancia de abordar el tema de la violencia desde una perspectiva educativa. Señaló que es esencial promover la igualdad desde la infancia para alcanzar un verdadero equilibrio entre géneros.
La secretaria xeral del PPdeG acusó a la izquierda gallega de sabotear la educación pública, criticando algunos "materiales didácticos" promovidos por la CIG que, según su criterio, presentan una imagen de Rosalía de Castro como "sumisa y silenciosa".
En su intervención, Prado reafirmó que el PPdeG defiende la libertad de las mujeres gallegas y no permitirá que se repitan agravios como los que, a su entender, ha perpetrado la izquierda en Galicia.
El evento contó con la asistencia de otras figuras políticas, como la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, y la vicepresidenta del Parlamento, Elena Candia. La vicesecretaria de Igualdade del PPdeG, Raquel Touriño, fue la encargada de presentar el lema del encuentro: 'Mulleres en liberdade: Nin caladas nin submisas'.
Las ponencias de Prado y García se centraron en las deficiencias de las pulseras antimaltrato y en la controvertida ley del solo sí es sí, a la que Prado calificó como "falso feminismo" al favorecer, según su criterio, a más de 1,500 agresores sexuales. "No se puede considerar feminismo una legislación tan perjudicial", subrayó.
García también instó al Gobierno de España a supervisar los fallos en el uso de las pulseras antimaltrato, afirmando que actualmente son más un riesgo que una solución, incluso comparándolas con "pulseras de Aliexpress".
Frente a las críticas de la oposición sobre las políticas de igualdad de la Xunta y el escándalo del exconselleiro do Mar Alfonso Villares, la secretaria xeral del PPdeG insistió en que no tienen "credibilidad" para dar lecciones al partido. "Lo que deberían hacer es una profunda autocrítica", aseveró.
Prado también se refirió al Bloque Nacionalista Galego, reprochándole su apoyo a los socialistas, afirmando que su respaldo a las decisiones del PSOE resulta "sorprendente".
La secretaria xeral anunció que están atentos a la formación de una nueva ley contra la trata, de la cual, según ella, aún no han recibido detalles. También criticó al Gobierno estatal por no cumplir con las medidas anuales establecidas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género.
A pesar de estar a pocos kilómetros de distancia, el acto coincidió con una manifestación organizada por profesionales de los Servizos de Axuda no Fogar (SAF), quienes exigieron mejores condiciones laborales para garantizar un servicio de calidad.
Al ser consultada sobre estas protestas en su rol de conselleira de Política Social, García recordó que, aunque la Xunta "respeta" las movilizaciones, Galicia ha logrado atender diariamente a unas 90,000 personas dependientes.
Finalmente, García subrayó que el Gobierno central adeuda a Galicia la suma de 2,900 millones de euros, una cifra que, según ella, podría facilitar la creación de más servicios públicos y mejorar el financiamiento del SAF.
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