En el marco del II Congreso sobre legislación dirigida a combatir el narcotráfico, el presidente de la Audiencia Nacional, Juan Manuel Fernández, ha subrayado la imperante necesidad de contar con un sistema judicial más especializado y equipado para enfrentar este flagelo social.

Este evento, que se está llevando a cabo en A Estrada, Pontevedra, es una plataforma donde se están planteando estrategias para una lucha más efectiva contra el tráfico de drogas, enfatizando la urgencia de reformas tanto procedimentales como estructurales.

Durante su discurso inaugural, Fernández ha señalado que es crucial "asegurar la especialización" dentro de los cuerpos judiciales y de dotarlos de "mayores recursos". A este respecto, hizo eco de las advertencias emitidas por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre la "situación insostenible" en algunos juzgados que lidian con estos casos.

El presidente de la Audiencia también hizo hincapié en la necesidad de implementar "cambios en los procedimientos legales" que permitan combatir el narcotráfico sin sacrificar las garantías procesales actuales, resaltando la importancia de mantener un equilibrio entre justicia y eficacia.

Por otro lado, Fernández mostró su agradecimiento a quienes se encuentran en la primera línea de esta lucha, así como a las entidades cívicas como la Fundación Galega contra o Narcotráfico, que juegan un papel fundamental al mantener viva la conciencia social sobre un problema que afecta a toda la comunidad.

A su vez, reafirmó el "compromiso" de la Audiencia Nacional en la persecución y sanción del narcotráfico, dejando claro que los profesionales de la justicia están decididos a no rendirse ante esta grave amenaza criminal.

Ignacio Picatostes, presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, describió el contexto actual como "complejo y delicado", subrayando la creciente "sobrerproducción de drogas" y la aparición de nuevas sustancias que amplían los retos en la lucha contra esta delincuencia.

Picatostes consideró preocupante la intensificación de la violencia asociada a estas actividades delictivas, enfatizando un escenario que pone en riesgo la seguridad de la población. Reconoció el arduo trabajo de los judiciales gallegos, especialmente en localidades con recursos limitados como Vilagarcía de Arousa y Cambados.

Para abordar esta problemática, el presidente del TSXG instó a adoptar una respuesta global y a emitir una "firme condena social", sentenciando que "no se debe permitir que el crimen sea lucrativo" ni que las penas impuestas sean desproporcionadamente leves frente al daño causado.

Desde una perspectiva judicial, Picatostes hizo hincapié en la necesidad de cerrar cualquier brecha entre los recursos disponibles para los delincuentes y los que tienen las fuerzas del orden y el sistema judicial. Expresó su convicción de que este congreso puede ser un paso hacia una estrategia más alineada y actualizada para enfrentar una lucha que "no admite pausas".

En la inauguración del congreso, Diego Calvo, conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, declaró que el narcotráfico es "un problema de seguridad de primer orden" que amenaza el bienestar social, resaltando la imperiosa necesidad de no "mirar hacia otro lado" ante esta grave "lacra" que ha vuelto a aumentar su presencia en Galicia tras los estragos de los años 90.

El representante del Gobierno gallego aseguró el "compromiso" de la Xunta en la lucha contra el narcotráfico, mencionando varias iniciativas implementadas para luchar contra esta problemática y haciendo un llamado a la colaboración máxima.

El General Jefe de la Guardia Civil de Galicia, Miguel Ángel González, añadió que el narcotráfico ha incrementado tanto en volumen como en complejidad técnica, convirtiéndose en una de las principales amenazas para el país debido a la consolidación de redes internacionales de distribución.

Finalmente, el presidente de la Fundación Galega contra o Narcotráfico aprovechó su oportunidad para reclamar a los políticos presentes que hagan de esta cuestión una prioridad en la agenda política, independientemente de quién esté en el poder.

El congreso, que se celebra a lo largo del jueves y viernes, cuenta con una rica agenda de ponencias y mesas redondas que reunirán a jueces, fiscales, policías, guardias civiles y representantes políticos, con el objetivo de generar un diálogo constructivo sobre esta problemática social crítica.