En un giro reciente, el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una petición formal en el Parlamento de Galicia, demandando explicaciones a la Xunta sobre lo que consideran una alarmante "falta de transparencia" en las contrataciones realizadas con el despacho económico conocido como Equipo Económico, fundado por el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, quien actualmente enfrenta investigaciones penales por presuntos delitos relacionados con organización criminal y tráfico de influencias.

La diputada del PSOE, Patricia Iglesias, comunicó a los medios que la Xunta formalizó un total de 13 contratos con este despacho entre 2009 y 2011, período en el que Alberto Núñez Feijóo ocupaba la presidencia. La suma total de estos contratos asciende a 172.838 euros, pero hasta el momento, no se ha proporcionado información clara, estructurada y verificable sobre su contenido, utilidad o justificación administrativa.

Iglesias afirmó que, tras solicitar acceso a los expedientes de contratación el pasado 12 de septiembre, el Grupo Socialista identificó serias deficiencias institucionales. La documentación revisada incluye informes que aparecen como borradores simples, carentes de firma y fecha, así como documentos que no identifican al personal responsable y otros que simplemente repiten normativa fiscal estatal, sin adecuación a las competencias propias de Galicia.

Dentro de la documentación que analizó el Grupo Socialista, se encontró un archivo en formato PowerPoint relacionado con la fusión de las cajas gallegas. Según la parlamentaria, este archivo no contiene conclusiones técnicas ni recomendaciones finales, y sugiere que fue utilizado como respaldo político en una de las decisiones económicas más significativas para Galicia en los últimos años.

Ese mismo día, los socialistas solicitaron oficialmente la copia integral de todos los contratos menores otorgados a Equipo Económico y los informes finales correspondientes. Hasta el momento, esta documentación no ha sido proporcionada, lo que contradice los principios de transparencia y colaboración parlamentaria, además de obstaculizar el control democrático sobre las acciones del gobierno.

Con estos antecedentes, la iniciativa del PSOE exige a la Xunta que entregue de inmediato toda la documentación pendiente, que aclare los criterios que llevaron a la reiterada adjudicación de contratos a un mismo despacho y que revise sus procedimientos internos de contratación, centrándose en los contratos menores para asegurar la trazabilidad de los documentos, prevenir la fragmentación inadecuada y fortalecer los mecanismos de control y fiscalización.