En un caso que ha levantado mucha controversia, el secretario responsable del expediente disciplinario que llevó al despido de una trabajadora social en Boiro, A Coruña, ha afirmado que la situación se le escapó de las manos debido a la manera en que se gestionó. El funcionario, que ha declarado como testigo en un juicio con jurado popular, sostiene que la base de la fiscalización proviene de un informe elaborado por la misma acusada, lo que pone en duda la objetividad del proceso.

La funcionaria, acusada de apropiar más de 20,000 euros del servicio de ayuda a domicilio, utilizó métodos cuestionables, como cobrar por servicios que no debían tener coste, según la Fiscalía. Esto ha generado un debate sobre la ética y la transparencia en el manejo de los fondos públicos, y el secretario indicó que errores de este tipo pueden ocurrir en una contabilidad que, aunque gestiona un millón de euros, se basa en gran medida en la confianza mutua.

Durante la audiencia, el secretario también mencionó la costumbre que existía entre los usuarios de entregar dinero en efectivo a la trabajadora social, algo que se hacía a menudo y que, según su testimonio, estaba directamente relacionado con la relación de confianza que se genera entre ella y los dependientes. No obstante, esto fue prohibido en 2011, cuando el Ayuntamiento estableció que los pagos debían realizarse por transferencia bancaria, un cambio que puede ser relevante en el contexto de las acusaciones actuales.

La discusión se intensificó cuando se abordó la falta de documentación escrita que respaldara las órdenes de pago, algo que el secretario, quien no estaba en Boiro en el momento de la prohibición, consideró inusual. En 2015, tras una revisión exhaustiva de la documentación del año anterior, se detectaron irregularidades en los cobros, lo que originó esta compleja situación legal.

El abogado del Consistorio, parte acusadora en este proceso, ha enfatizado la importancia del expediente administrativo, aunque el presidente del tribunal recordó que el juicio se centra en los hechos y no en la supuesta documentación. Por su parte, el secretario desmintió las afirmaciones de la defensa, que sostiene que el despido de la funcionaria fue una represalia por sus denuncias sobre supuestas irregularidades en el manejo de recursos públicos.

Finalmente, se destacó que el alcalde también se mostró escéptico ante la situación, reconociendo que ningún alcalde desea enfrentarse a un escándalo de esta magnitud. La defensa ha planteado la narrativa de que la acusada fue injustamente despedida por alertar sobre "corruptelas" que podrían haberse ocultado bajo el manto de la burocracia administrativa.