• miércoles 07 de diciembre del 2022
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El Supremo anula definitivamete la autorización de la Xunta para cambiar el parque eólico de Serra do Oribio

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Los colectivos que recurrieron la orden festejan el fallo, que ven como "el objetivo definitivo del emprendimiento"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, diez Oct.

El Tribunal Supremo ha anulado de manera determinante la autorización brindada por la Xunta a la modificación del parque eólico Serra do Oribio --entre los ayuntamientos lugueses de Triacastela y Samos-- al comprender que la declaración de encontronazo ambiental sobre la que se sosten no es válida.

El fallo, emitido el 22 de septiembre por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo, ratifica el sentido de la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), que dictaminó en el mes de diciembre de 2020 la nulidad del acuerdo aprobado por el Consello de la Xunta --el 27 de junio de 2019-- que daba luz verde a la compañía Fergo Vento a cambiar el parque.

Ahora, el TS tumba los elementos presentados por Xunta y Fergo Vento a la resolución del Alto Tribunal gallego, con lo que la orden del Consello queda cancelada finalmente al comprender que, como estableció el TSXG, la declaración de encontronazo ambiental agregada al emprendimiento, efectuada en 2005, se encontraba obsoleta y, por consiguiente, "no era eficiente".

Los jueces del Supremo influyen en su sentencia que este archivo fue emitido "con unas condiciones de los terrenos bien distintas" a los del año 2018, en el momento en que Fergo Vento solicitó la modificación del emprendimiento eólico, ubicado en la Zona Especial de Conservación (ZEC) Os Ancares-O Courel, en Lugo.

La salón influye en que la Xunta "no solo podía, sino debía tener en consideración" el contenido de la evaluación ambiental en el momento de ofrecer luz verde administrativa a las pretenciones de la compañía, "pues no tenía que ver con unos mismos fines y ámbito de protección" que la efectuada 13 años antes de la petición de modificación.

Subraya que esto mismo es lo que concluye la sentencia de instancia del TSXG, de la que resalta los "razonamientos mucho más que concluyente" que utiliza "en su intensa motivación" para dictaminar la anulación de la orden de la Xunta.

En ella, el TSXG había destacado que los terrenos donde se asentaba el emprendimiento tienen la calificación de espacio natural protegido como región de conservación de la Zona de Especial Protección (ZEC) Os Ancares-O Courel y de Rede Natura 2000. El TSXG recordaba que en esas áreas "no están tolerados los parques eólicos, salvo la repotenciación de los que ya están, con arreglo al Plan Director de la Rede Natura".

Los tres colectivos que recurrieron judicialmente la orden de la Xunta --Adega, Fundación Oso Pardo y Sociedade Galega de Ornitoloxía-- han expresado su satisfacción por la resolución del Supremo, que piensan "el objetivo definitivo" del emprendimiento.

En un aviso en el que recuerdan que las proyectos se empezaron "sin tener todas y cada una de las autorizaciones requeridas" y que fueron paralizadas en el mes de junio de 2019, remarcan que la sentencia es "un considerable paso" para la protección "de la insignificante" Red Natura 2000, bajo la que está englobada la Serra do Oribio.

Además, valoran que el Supremo "haya efectuado el ahínco de fijar jurisprudencia" sobre la caducidad de las afirmaciones de encontronazo ambiental, con lo que estiman que el fallo sobre este emprendimiento "va mucho más allí" de esta situación "y puede ser esencial para otros muchos teóricos asimismo fuera del territorio gallego, al interpretar la normativa estatal".

"Esta doctrina perjudica no solo a parques eólicos, sino más bien a cualquier clase de emprendimiento sometido a evaluación de encontronazo ambiental en el que la administración, obviando los plazos de caducidad que impone la normativa, dé autorización", influyen las asociaciones.

Y es que el Supremo recopila en su sentencia que los tribunales "no tienen la posibilidad de" substituir a las gestiones en el momento de dictar la caducidad de una declaración ambiental, pero sí están validadas a saber si el informe que acompaña a un emprendimiento es válido y, por consiguiente, seguir a su anulación.

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