• domingo 2 de abril del 2023
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El Supremo asegura la sanción de 1 millón que puso el Gobierno a San Cibrao (Ourense) por vertidos contaminantes

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OURENSE, 22 Feb.

La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha podido confirmar el acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de septiembre de 2021 por el que se impuso al Ayuntamiento de San Cibrao Das Viñas (Ourense) una multa de 1 millón de euros y una indemnización de 184.745 euros por daños y perjuicios causados al dominio público hidráulico por vertidos de aguas contaminantes al río Barbaña, a su paso por ese ayuntamiento.

Según reportan fuentes judiciales, el Ayuntamiento era titular de una concesión de vertidos al cauce del río, concedida por la Confederación Hidrográfica del Miño en 2004, con ciertas condiciones del vertido, específicamente, de unos ciertos límites de carga contaminante.

Tras distintas inspecciones a lo largo de 2018 y 2019, el plantel técnico del organismo de cuenca comprobó que el vertido efectuado superaba lo predeterminado en la concesión, causando daños en el cauce público, con lo que se abrieron 2 métodos sancionadores a la entidad local, que se unificaron en uno solo por una infracción muy grave.

La salón del Supremo desecha íntegramente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Ayuntamiento en el que pedía la nulidad del acuerdo sancionador o, subsidiariamente, que se fijase en 500.000 euros la cuantía de la multa, y con carácter residual que se redujese en un 20 por ciento por haber asumido la compromiso.

En su sentencia, ponencia del magistrado Wenceslao Olea, repudia la alegación relativa a la carencia de responsabilidad del Ayuntamiento pues no puede asumir los costos de depuración con una optimización o una exclusiva estación depuradora de aguas residuales.

El tribunal enseña, además de esto, que en un caso así el Ayuntamiento "acepta y admite los hechos encausados, o sea, que se hicieron vertidos al cauce público, y que esos vertidos tenían una carga contaminante que sobrepasaba del que tenía autorizado".

Y de este modo, añade, "se quiere en este momento justificar que esa carga contaminante del vertido era una obligación de las situaciones de las instalaciones, o sea, de una deficiente desempeño de las instalaciones de depuración". "Más allá de entender esas deficiencias, se continuó haciendo el vertido, responsabilidad hay y en su forma mucho más intensa de conciencia y representación del daño, lo que se prueba de exactamente los mismos razonamientos de la demanda", añade.

Además, añade que las situaciones de las que "se desea eximir el Ayuntamiento como causa de justificación del vertido, que no excluirían la responsabilidad sino más bien la sancionabilidad, tampoco tienen la posibilidad de ser acogidas". Al respecto, señala que "si fue exactamente el mismo Ayuntamiento el que solicitó y aceptó la concesión para un vertido urbano con unos límites de carga contaminante, en su manos se encontraba controlar estos límites y, o no autorizar o condicionar autorizaciones o licencias que alterasen el vertido o cambiar las instalaciones depuradoras, coste al que debía colaborar, como una exigencia mucho más de la urbanización de los terrenos en que debieron instalarse las edificaciones a que se se refiere".

La salón señala que no puede eximirse el Ayuntamiento, titular de la red de evacuación de aguas residuales y titular del vertido y de la concesión brindada del mismo organismo de cuenca, por el incremento de instalaciones y edificaciones en su ámbito territorial, por el hecho de que esa ampliación de los terrenos urbanizados "lograron y debieron efectuarse asumiendo la exigencia de que el vertido debía tener unos límites sobre los que debían aceptarse el mayor coste que supusieran".

"Lo que no era admisible es agrandar las conexiones de vertidos a la red municipal, que jamás ha podido hacerse sino más bien con autorización municipal, sin acometer esa ampliación de las instalaciones de depuración con el propósito de sostener la carga contaminante", concluyen los jueces.

Del mismo modo, repudia que se hayan producido defectos en la tramitación del trámite, como mantiene el recurrente, al haberse ordenado la acumulación de los 2 expedientes sancionadores en uno solo sin anular la iniciativa de resolución en el primero de ellos.

Finalmente, la salón rechaza la reducción de la multa a 500.000 euros y justifica su imposición en su cuantía máxima por la gravedad de los perjuicios causados, la reincidencia, ya que en un caso así el vertido se mantuvo inmutable desde el año 2017, tal como por el nivel de responsabilidad o vida de intencionalidad, situaciones que cree que concurren en un caso así.

Es mucho más, apunta que las objeciones que se oponen en la demanda para implorar una reducción de la sanción "se vuelven en contra suya, por el hecho de que solo con las que corresponden autorizaciones municipales "ha podido elevarse el vertido o su carga contaminante y vulnerar las condiciones de la concesión de la que era titular y, más allá de ello, no solamente se concedieron estas autorizaciones de conexión, sino se sostuvieron con plena conciencia de la ilegalidad del vertido y la polución del cauce".

Asimismo, repudia una reducción de esta por el reconocimiento de los hechos encausados, en tanto que cree que la "actuación municipal no deja de prestar arduos problemas para acoger la reducción iniciativa".

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