• domingo 29 de enero del 2023
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El Supremo no acepta los elementos y ratifica que el Ayuntamiento de Vigo infringió el cuidado de As Avenidas

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VIGO, 3 Ene.

El Tribunal Supremo no ha aceptado a trámite ninguno de los 2 elementos presentados por el Ayuntamiento de Vigo contra las sentencias del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) en las que se apuntaba al gobierno local como responsable del cuidado del recorrido de As Avenidas, región donde se causó el hundimiento a lo largo del festival O Marisquiño 2018, dejando mucho más de 450 personas lesiones.

De esta forma, el Alto Tribunal ha ratificado las sentencias del TSXG, que aseguraban que el Ayuntamiento infringió el convenio 'Abrir Vigo al Mar' suscrito con el Puerto en 1992, ya que no sostuvo dicho muelle en "buen estado".

En sus resoluciones, a las que tuvo ingreso Europa Press, el Supremo asimismo impone las costas procesales al Ayuntamiento, con un límite máximo de 2.000 euros, sumando 4.000 euros al tratarse de 2 elementos de casación distintas.

Todo ello una vez que el TSXG considerase que el Ayuntamiento de Vigo era el encargado de sostener y preservar el recorrido de As Avenidas, donde en 2018 se hundió una parte de una composición a lo largo de la celebración de un concierto con ocasión del festival O Marisquiño, dejando mucho más de 450 personas lesiones.

Así, en 2 sentencias emitidas por el prominente tribunal gallego en el mes de febrero de 2022 y en este momento ratificadas por el Supremo, se recogía que existían causas para anular el convenio 'Abrir Vigo al Mar', suscrito en 1992 entre el Ayuntamiento, el Consorcio de la Zona Franca y la Junta de Obras del Puerto de Vigo (el día de hoy Autoridad Portuaria), gracias a que comprende que el Ayuntamiento de Vigo infringió su obligación de sostener y preservar una parte del área perjudicada por ese archivo, de la que forma parte el recorrido de madera y hormigón que cedió a lo largo del concierto.

En el archivo, la Sala señalaba que se debía seguir a la liquidación del convenio en tanto que "siempre, el cuidado debe conectarse con la seguridad y con la utilización, y el Ayuntamiento no lo cumplió, a la visión de los documentos aportados".

Según el TSXG, antes de autorizar un empleo diferente al fácil recorrido, que era el que tenía en la concesión, el Ayuntamiento debió "apreciar la seguridad de la instalación". El convenio, según el prominente tribunal, "no da inquietudes interpretativas en lo que se refiere a la obligación de cuidado y de buen estado de conservación" por la parte del Ayuntamiento de aquellas zonas de empleo público, quedando eximido de aquellas que logren ser de empleo único de la Autoridad Portuaria.

En la sentencia, ratificada tras la inadmisión a trámite del recurso de casación, los jueces apuntan que esa obligación del Ayuntamiento "no ya no es coherente con el convenio, puesto que la entidad local recibió un beneficio que previamente no tenía, un beneficio entusiasmado para la ciudadanía de Vigo y, por consiguiente, es el Ayuntamiento el que debe sostener en buen estado de conservación lo cedido".

De no ser de esta forma, prosigue la resolución, la Autoridad Portuaria debería fiscalizar "los usos que programase el Ayuntamiento", o sea, "debería asumir funcionalidades de control de usos", algo que no hacía desde el momento en que se ejecutó la cesión.

"Los usos se venían administrando por el Ayuntamiento desde una situación de control de las instalaciones cedidas, con lo que siempre debería supervisar todas y cada una de las medidas que afectasen a estas instalaciones, no logrando esperar que tuviera independencia de empleo, pero sin compromiso en lo que se refiere al mismo", remarcaba la Sala del TSXG.

Revisados los documentales fotográficos, los jueces apuntaron que son "palmarios del estado deplorable en que estaban los elementos superficiales del recorrido y que se advirtieron de manera reiterada por la Autoridad Portuaria, advirtiendo del peligro que existe para la gente".

El TSXG enseña que, más allá de que comparte que una tarea de cuidado y conservación "no alcanzaría a la banqueta de cimentación de los muelles o a los rellenos portuarios", es "diferente la situación que concurre en una interfaz de hormigón construida por una entidad privada (Real Club Náutico), con empleo privado y que fue liberada a través de un convenio entre la entidad privada y la Zona Franca para lograr complementarse como una parte de dicho emprendimiento y de la actuación".

Esos elementos, según la Sala, "no eran infraestructura portuaria, sino más bien proyectos efectuadas por una entidad privada y entregadas anterior liberación de una parte de la concesión para ofrecer rincón al convenio y posibilitar la apertura de Vigo al mar". Esa interfaz, "sería válida para la utilización al que se destinaba, pero no para un empleo mucho más intensivo, como más tarde se probó" en el incidente de O Marisquiño.

El TSXG influye en que, según el convenio Abrir Vigo al Mar, el Ayuntamiento adquirió la obligación, en el transcurso de un período de 50 años, de sostener en perfectas condiciones de conservación toda la actuación contemplada en el convenio, en el que se acordaron realizar actuaciones de reordenación del tráfico rodado, ampliación de zonas ajardinadas y de ocio, tal como la peatonalización para progresar el borde marítimo del área central de Vigo, por ejemplo.

"La obligación de cuidado por el Ayuntamiento de Vigo sosprechada en el convenio de 2 de noviembre de 1992 no se restringe a trabajos de cuidado de los jardines y zonas de esparcimiento, sino más bien asimismo a los elementos que la sostienen", resaltan los jueces.

Éstos han añadido que, para el habitual desempeño de un recorrido marítimo, compuesto por una interfaz de hormigón acabada en un pavimento de madera, "se deben sostener todos y cada uno de los elementos que lo forman, eminentemente los estructurales".

Precisamente este martes, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha asegurado que el Ayuntamiento "siempre y en todo momento cumple" las sentencias, con lo que asimismo acatará esta desestimación del Supremo. Sin embargo, preguntado en rueda de prensa, ha augurado que en los próximos meses va a haber "literatura técnica y jurídica" sobre el tema.

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