El TC acepta recurso del Gobierno contra ley gallega de litoral, suspendiendo el 40% de la norma.
El Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite el recurso del Gobierno contra la Ley 4/2023, de 6 de julio, de ordenación y gestión integrada del litoral de Galicia. Además, ha suspendido parcialmente su aplicación. Esta decisión ha sido informada por la corte de garantías.
El Parlamento de Galicia aprobó la ley del litoral en julio pasado, con votos a favor del PP y abstención del BNG y PSdeG. Esta ley otorga a la Xunta las competencias en gestión del espacio marítimo terrestre.
El Gobierno gallego argumenta que estas competencias están definidas en el Estatuto de Autonomía, pero el Gobierno central considera que la ley "invade competencias estatales" en diferentes ámbitos, incluso al incorporar "de manera unilateral" el mar al territorio de la comunidad autónoma.
El recurso presentado por el Gobierno es muy amplio, ya que impugna hasta 31 artículos de la ley, lo que representa el 40% de la misma. El objetivo es declarar inconstitucionales todos estos artículos, respaldado por el informe emitido por el Consejo de Estado el 21 de septiembre.
El Gobierno sostiene que la ley gallega "se apropia de competencias exclusivas del Estado para regular el régimen jurídico del dominio público marítimo terrestre", siendo este uno de los problemas de constitucionalidad que presenta la norma. Además, argumenta que la ley reduce la protección de los terrenos contiguos a la ribera del mar y atribuye competencias propias no previstas en el Estatuto de Galicia.
El Gobierno también señala que la norma infringe la competencia estatal exclusiva sobre pesca en aguas exteriores y argumenta que comunidades autónomas como Cataluña, Baleares, Andalucía y Canarias han reformado sus estatutos para asumir nuevas competencias.
La Xunta de Galicia, encabezada por su presidente Alfonso Rueda, ha expresado su desacuerdo con la decisión del Gobierno de recurrir la ley y ha criticado la falta de negociación. Rueda también ha destacado que la situación en Cataluña debería ser una prioridad en lugar de impugnar la ley gallega.
El Tribunal Constitucional ahora estudiará el fondo del asunto y ha suspendido la vigencia y aplicación de los preceptos impugnados desde la fecha de presentación del recurso para las partes involucradas. De manera similar, cuando aparezca publicada la suspensión en el Boletín Oficial del Estado (BOE), también quedará suspendida para terceros.
Previo a esto, el TC ya había admitido a trámite otro recurso del Gobierno contra algunos artículos de la ley gallega de acompañamiento a los presupuestos para 2023. En ese caso, los artículos suspendidos se referían a la normativa de costas y rebajaban el plazo de obligatoriedad para la restitución de obras ilegales en dominio marítimo-terrestre. El Gobierno argumentaba que estos artículos podrían vulnerar las competencias del Estado en la determinación del régimen jurídico del dominio público marítimo-terrestre y en la legislación básica de protección del medio ambiente litoral.