Crónica Galicia.

Crónica Galicia.

El Tribunal Constitucional aplaza fallo sobre ley gallega de litoral por su complejidad.

El Tribunal Constitucional aplaza fallo sobre ley gallega de litoral por su complejidad.

El Pleno del Tribunal Constitucional se ha reunido esta semana por segunda vez para abordar el recurso presentado por el Gobierno central contra varios preceptos de la ley gallega de litoral, que ha sido parcialmente suspendida. Sin embargo, la decisión sobre este asunto se ha vuelto a posponer debido a su complejidad jurídica y técnica.

Durante esta semana, el TC ha analizado detenidamente el recurso, pero ha optado por seguir deliberando en la próxima sesión del Constitucional. Se destaca la importancia que tendrá esta resolución sobre la Ley 4/2023, de ordenación y gestión integrada del litoral de Galicia, lo que requiere un estudio minucioso y detallado debido a su potencial impacto como precedente crucial.

El Parlamento de Galicia aprobó en julio de 2023 la nueva ley del litoral, con apoyo del PP y abstención del BNG y PSdeG, la cual incluye la asunción por parte de la Xunta de competencias en la gestión del espacio marítimo terrestre.

El Gobierno gallego defiende que estas competencias están contempladas en el Estatuto de Autonomía, mientras que desde Moncloa se sostiene que la ley "invade competencias estatales" en diferentes áreas, e incluso incorpora de forma "unilateral" el mar al territorio de la comunidad autónoma.

En noviembre de 2023, el Constitucional admitió a trámite el recurso del Gobierno, argumentando que la ley gallega "se apropia de competencias exclusivas del Estado para regular el régimen jurídico del dominio público marítimo terrestre", en línea con la doctrina previa del Tribunal Constitucional.

El Ejecutivo central impugnó 31 artículos de la ley, representando alrededor del 40% de la normativa, con respaldo del Consejo de Estado al considerarlos inconstitucionales. Sin embargo, la conselleira de Medio Ambiente de la Xunta, Ángeles Vázquez, señaló que solo un 15% de la ley está siendo impugnado.

La Xunta ha acusado al Gobierno de llevar a cabo un "ataque" en contra de la costa gallega, poniendo en riesgo más de 4.000 construcciones y más de 100 empresas en la región.