El Tribunal Europeo de Derechos Humanos se prepara para examinar con carácter urgente la solicitud presentada por la plataforma de víctimas del trágico accidente de tren Alvia, que tuvo lugar en Angrois, Santiago, en junio de 2013. Esta organización continúa demandando que se lleve a cabo una investigación independiente sobre el desastre ferroviario, en el cual las recriminaciones hacia el Estado español son evidentes.

Desde el punto de vista judicial, se han seguido múltiples procesos relacionados con el accidente. Este culminó en una sentencia que impuso condenas tanto al maquinista del tren como al exdirector de seguridad de Adif, a quienes se les encontró culpables de imprudencia profesional grave tras una prolongada instrucción.

Por su parte, la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) emitió un informe en su momento, señalando únicamente la responsabilidad del maquinista por exceso de velocidad. No obstante, el informe también incluyó recomendaciones para mejorar las medidas de seguridad en la red ferroviaria española.

Ante esta situación, la plataforma de víctimas decidió interponer una demanda contenciosa para exigir una nueva investigación, la cual ahora está siendo evaluada por el Tribunal Europeo. Esta acción fue registrada formalmente en julio de 2021 ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, dirigida tanto al Gobierno como al comité que llevó a cabo la investigación original.

El 5 de febrero, la secretaría del Tribunal Europeo de Derechos Humanos comunicó a los representantes de las víctimas que su caso será considerado en el menor plazo posible, y que, en su momento, se realizarán las notificaciones pertinentes sobre las decisiones que se tomen.

Además, el tribunal ha manifestado su intención de acelerar al máximo el proceso de revisión de las demandas, lo que incluye la posibilidad de requerir información adicional a lo largo del procedimiento.

Sin embargo, las víctimas han señalado que este tribunal acepta menos del 5% de las demandas que se presentan, según datos del Consejo General de la Abogacía Española, lo que genera preocupación sobre el futuro de su reclamación.

La plataforma ha enfatizado la necesidad de una investigación que cumpla con estándares internacionales, recordando que llevan más de una década sin que se realice un estudio técnico independiente, a pesar de las reiteradas solicitudes de la Unión Europea.

El abogado de la plataforma, Antonio Benítez Ostos, ha descrito como un gran avance el hecho de que Europa esté revisando el proceder de la justicia española en este caso, el cual es considerado el accidente ferroviario más serio en la historia reciente del país.

Finalmente, la plataforma sostiene que la falta de una investigación independiente parece estar alineada con el interés de eludir responsabilidades políticas, así como con la intención de desinformar a la opinión pública sobre las verdaderas causas del desastre y las posibles negligencias que se cometieron.