• domingo 25 de septiembre del 2022
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El TSXG exonera a Xunta de abonar al Gobierno 15,6 millones por los peajes en sombra de Rande y A Barcala

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VIGO, 16 Jun.

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha rechazado la petición del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana a fin de que la Xunta le abonara la indemnización que el Gobierno le debe abonar a la concesionaria de la AP-9, Audasa, por las proporciones que dejó de sentir por los peajes en sombra del Puente de Rande, que cruza la Ría de Vigo, y del tramo de la comarca coruñesa de A Barcala a lo largo de los años 2017, 2018 y 2019.

Tal como enseña la sentencia del prominente tribunal gallego, la Administración central fundamentó su petición por su parte en una sentencia del Tribunal Supremo, que la condenó a abonar a la concesionaria las proporciones acordadas en 2006 a fin de que los tramos A Coruña-A Barcala y Rande-O Morrazo pasaran a ser gratis. En ese año el pago fue asumido por el Estado, o sea, pasaron a ser peajes en sombra.

De esta forma, la gratuidad de estos tramos provocó un destacable aumento del número de clientes, con lo que en 2017 el Gobierno alteró, mediante un real decreto, el sistema de cálculo del peaje que le correspondía abonar a Audasa.

Sin embargo, en 2020 el Tribunal Supremo declaró el derecho de la concesionaria a ser indemnizada por los perjuicios ocasionados por la implantación del nuevo servicio de remuneración de ese real decreto y ordenó al Estado a abonar la diferencia entre lo que hubiese percibido con arreglo al sistema previo fijado en 2006. Esa cantidad es de unos 15,6 millones de euros, la que el Ejecutivo demanda a la Xunta.

No obstante, el TSXG ha rechazado esa solicitud, destacando que "no es procedente" condenar al Gobierno gallego a abonar de manera directa a Audasa la mitad o la integridad de los pagos cada un año que se devenguen de los años 2017, 2018 y 2019, y hasta el desenlace del período de la concesión de la AP-9.

"La sentencia del Tribunal Supremo no impone condena alguna a la Xunta y, por este motivo, nuestra ejecutante, Audasa, insta la ejecución en frente de la Administración del Estado, por de esta forma disponerlo la sentencia", enseña el tribunal gallego en su resolución.

"Nos encontramos frente a un requerimiento que realiza la Administración General del Estado a la Xunta a fin de que ejecute la sentencia del Supremo donde la Xunta no ha resultado sentenciada", influye el TSXG.

En este sentido, la sección tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSXG remarca que el Estado demanda ese dinero en el momento en que "todavía no ha comprado a Audasa", como ordenó el Supremo.

"La Administración General del Estado justifica su incumplimiento en que una parte de las proporciones reclamadas eran debidas por la Xunta, causa obstativa de pago que fue rechazada por el Tribunal Supremo en un coche de 14 de octubre de 2021", recopila la sentencia del TSXG.

Al tiempo, el tribunal gallego señala que, "en ningún caso", podría atenderse a la cantidad reclamada por el Estado, recordando que la cifra que le deba abonar a Audasa es "la que determine el Tribunal Supremo en ejecución de la sentencia, sin seguir que la Xunta abone intereses de las proporciones debidas, al no tener compromiso en la demora".

La sentencia no es estable, en tanto que contra ella cabe enseñar recurso de casación.