Los magistrados del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) han manifestado su descontento por la falta de un estudio de impactos sobre espacios de Red Natura 2000 durante la tramitación administrativa de la Mina da Penouta, en Viana do Bolo (Ourense).

En una nueva resolución emitida el pasado 1 de diciembre, el TSXG reafirma su decisión de mantener la suspensión cautelar de la mina, que fue tomada el pasado mes de septiembre tras rechazar los recursos presentados por la Xunta y la empresa promotora, Strategic Minerals.

Además, el tribunal ha impuesto el pago de 300 euros en costas a la Administración autonómica y a la compañía.

En respuesta a los recursos, el TSXG ha enfatizado que la resolución de septiembre cumplió con los requisitos legales para imponer la medida cautelar. Además, los magistrados han señalado deficiencias en la tramitación administrativa de la mina.

Según los jueces, se pasó por alto un estudio de impactos en la Red Natura 2000, y la declaración de impacto ambiental no tuvo en cuenta los efectos sinérgicos y la influencia del proyecto en el área protegida.

El TSXG ha destacado que no se evaluaron adecuadamente las repercusiones de la cantera, a pesar de las alegaciones presentadas por diversas personas y organizaciones durante el proceso de información pública.

Los magistrados también han señalado que el proyecto presentado no cumple con los requisitos de la Ley de Evaluación Ambiental debido a la omisión tanto de la empresa como de la Xunta en la exigencia de un estudio de impacto.

Además, han mencionado que las emisiones y vertidos de la mina están afectando al área protegida, y han criticado la falta de mediciones sistemáticas por parte de la empresa y la Xunta.

Los cauces cercanos a la mina presentan niveles elevados de arsénico, mercurio, plomo y cadmio, a pesar de ser utilizados para el consumo humano, lo cual ha generado denuncias por parte del servicio municipal de aguas del Ayuntamiento de Viana do Bolo.

Ecoloxistas en Acción ha emitido un comunicado en respuesta a esta nueva resolución del TSXG, celebrando el revés judicial para la empresa responsable de la mina y la Consellería de Economía, Industria e Innovación.

Los ecologistas también han criticado los intentos de Strategic Minerals de imponerles una fianza de más de 3 millones de euros por los perjuicios económicos causados por este proceso judicial.

Los magistrados del TSXG han compartido las mismas preocupaciones y han dejado claro que las decisiones de seguir con la actividad a pesar de la falta de una resolución administrativa firme son responsabilidad de la empresa, y deben asumir las consecuencias que esto implique. Además, han reprochado a la compañía su práctica habitual de atribuir pérdidas a terceros.