Arranca el juicio con la declaración de 14 testigos y los cinco miembros de la empresa investigados por vulnerar las condiciones laborales

LUGO, 21 Nov.

En la Audiencia Provincial de Lugo, el director y los cuatro administradores de la empresa Alcor Seguridad, con domicilio fiscal en Monforte de Lemos (Lugo), han comparecido este martes como acusados de un delito contra los derechos de los trabajadores. El principal acusado se ha defendido asegurando que los empleados pedían pagos "en metálico" y que llegaron a percibir 6.000 euros mensuales.

Además de ellos, también han comparecido 14 de los más de cien testigos que se espera que presten declaración en esta macrocausa en los próximos días. La Fiscalía solicita penas de entre dos años y medio y tres años y tres meses de prisión para los cinco acusados.

Según el escrito fiscal, los acusados habrían obligado a más de una treintena de empleados entre los años 2011 y 2015 a encadenar "jornadas maratonianas", firmar contratos de trabajo en blanco y rellenar partes de servicio con códigos diferentes para evitar ser descubiertos.

En la primera jornada del juicio, que fue aplazado anteriormente por una huelga de funcionarios de la Administración de Justicia, la Fiscalía ha reafirmado sus peticiones de cárcel y de multa de 6.000 euros para cada uno de los 35 trabajadores afectados en concepto de responsabilidad civil.

Por su parte, la acusación popular solicita penas de prisión de entre tres y seis años para los acusados, así como una compensación de 10.000 euros para cada uno de los empleados perjudicados en concepto de responsabilidad civil.

Los abogados de las defensas han solicitado la expulsión de la acusación popular del procedimiento, alegando su colaboración estrecha con la investigación cuando era secreta, pero su petición ha sido desestimada. Han negado los hechos y han pedido la absolución de sus representados.

El director de la empresa ha alegado que tenía una mínima relación con los trabajadores y que no intervenía en las contrataciones. Ha defendido que Alcor Seguridad ofrecía la posibilidad de hacer horas extra, pero no las imponía, y que algunos empleados solicitaron cobrar en metálico por sus servicios, llegando a percibir grandes cantidades mensuales.

Tanto el gerente como los administradores de la empresa, que también operaba en Asturias y Canarias, han negado haber vulnerado los derechos de sus empleados según lo establecido en el escrito de acusación.

El miércoles se continuará con la declaración de una veintena de testigos.