En un preocupante informe difundido recientemente, se reveló que en Galicia durante 2024, un total de 345 ciudadanos perdieron la vida mientras aguardaban ser evaluados o atendidos por el sistema de dependencia. Este alarmante dato fue presentado en el XXV Observatorio de la Dependencia, elaborado por la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales de España, durante una sesión en el Congreso de los Diputados.

Según el estudio, de las 345 muertes, 201 personas estaban a la espera de una decisión sobre su grado de dependencia y 144 aguardaban recibir las prestaciones que les correspondían. Estas cifras evidencian la falta de agilidad en un sistema que parece desbordado por la demanda.

Además, se indicó que en el mismo período, 2.772 gallegos continuaban en lista de espera, con un promedio de 386 días de tramitación. Este tiempo de espera es superior a la media nacional, que se sitúa en 334 días. Esta disparidad pone de manifiesto la ineficacia del sistema para dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos.

El informe pone de relieve que, aunque ha habido un incremento en la atención dispensada en los últimos años, este crecimiento no es suficiente para cubrir la creciente demanda de valoraciones y atención. Se señala que algunas comunidades autónomas, como Galicia, no han realizado los esfuerzos necesarios para recuperar el número de plazas residenciales que se han perdido, lo que agrava la situación en el territorio.

En términos de inversiones, Galicia se coloca en el undécimo lugar en gasto por habitante, destinando 145,1 euros, cayendo por debajo de la media nacional de 187,8 euros. A su vez, la comunidad presenta una de las tasas más bajas de atención a personas potencialmente dependientes, con un escaso 16,1%, solo superada por Canarias.

A pesar de ser la comunidad que más apoya a los cuidadores familiares, con ayudas que alcanzan los 349,7 euros, Galicia continúa mostrando deficiencias en el porcentaje de solicitudes aceptadas en relación con su población dependiente. Solo un 18,2% de los potencialmente dependientes han solicitado ayuda, lo que indica una falta de conocimiento o acceso al sistema por parte de muchos ciudadanos.

En el plano nacional, más de 34.252 personas fallecieron el año pasado a la espera de ser atendidas o valoradas, un desastre que se traduce en una muerte cada 15 minutos en este país, lo que denuncia la situación calamitosa del sistema. A pesar de la aprobación de la Ley de Dependencia hace 18 años, las cifras son desoladoras: 900.000 personas han muerto en listas de espera, dejando claro que la burocracia se ha convertido en un laberinto mortal.

Los directores de Servicios Sociales han expresado su preocupación por la persistente situación de 270.325 personas que aún esperan ser atendidas, un número que, aunque ha disminuido respecto al año anterior, demuestra que el avance hacia una cobertura generalizada sigue siendo completamente insuficiente. Este asunto ha generado controversia, ya que el Ministerio de Derechos Sociales ha desmentido estas estimaciones, señalando que la cifra sería solo de 193.745.

El informe también destaca que, a pesar de un aumento en la atención proporcionada, que ahora alcanza a 1.518.424 personas, los servicios continúan siendo deficitarios. La ayuda otorgada, más allá del aumento en la atención, no logra satisfacer las necesidades reales de quienes dependen del sistema. Los responsables vinculan este problema a un modelo "low cost" que ofrece prestaciones mínimas y de baja intensidad. El servicio de teleasistencia se menciona como un caso emblemático de este fracaso, con 65.973 beneficiarios que solo reciben esta prestación.

Finalmente, los analistas abogan por una revisión profunda de la Ley de Dependencia, subrayando la necesidad de incrementar el presupuesto en 1.000 millones de euros en los próximos planes generales de presupuesto y exigen esfuerzos para agilizar los trámites y mejorar la calidad del servicio. Las disparidades entre comunidades son evidentes y demandan una atención urgente para cerrar las brechas en la atención a las personas en situación de dependencia en el país.