Fernández de Sousa presenta incidente de nulidad ante el Supremo, pero es desestimado; entra a prisión en abril.
VIGO, 17 Jul.
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha rechazado el recurso presentado por la defensa del ex presidente de Pescanova, Manuel Fernández de Sousa-Faro, quien fue condenado a seis años de prisión por falsedad en las cuentas anuales de la compañía y falsedad de información económica y financiera. Este último delito fue el motivo por el cual la defensa presentó el recurso de nulidad. Sin embargo, el Tribunal Supremo consideró que era un delito continuado a pesar de que en la sentencia de la Audiencia Nacional se le condenó por un delito simple de falsedad de información económica.
Los abogados de Fernández de Sousa-Faro solicitaron al Tribunal Supremo que aclarase la sentencia para que el delito volviera a ser considerado como simple, lo que resultaría en una mayor reducción de la pena. No obstante, el alto tribunal rechazó esta petición. Posteriormente, se presentó un recurso de nulidad de la sentencia, el cual ha sido ahora denegado.
El abogado defensor asegura que se trató de un fallo y por eso pidió la rectificación. Sin embargo, el Tribunal Supremo ha defendido en su auto que efectivamente fue un delito continuado, por lo que ha denegado el recurso.
Manuel Fernández de Sousa-Faro fue condenado a seis años de prisión por falsedad en las cuentas anuales de la compañía y falsedad de información económica y financiera. Originalmente, la Audiencia Nacional le había condenado a ocho años de prisión. Sin embargo, el Tribunal Supremo redujo la pena en dos años al absolverle de los delitos de estafa y falsedad documental, y al aplicar una atenuante por dilaciones indebidas, confirmando el resto de la condena por manipulación de las cuentas para atraer inversionistas.
La sentencia de la Audiencia Nacional describía prácticas irregulares llevadas a cabo por la antigua cúpula de Pescanova, encabezada por el empresario y con la colaboración de los responsables de los departamentos más destacados. Según la sentencia, después de la crisis financiera de 2008, el presidente de la empresa, con el fin de mantener la financiación bancaria de la que dependía Pescanova, planeó junto con un grupo de personas de su confianza llevar a cabo mecanismos o prácticas irregulares para obtener financiación. Además, se realizaron manipulaciones en las cuentas y otros documentos oficiales que no reflejaban la verdadera situación financiera de la empresa, lo cual permitía atraer a nuevos inversores y evitar la financiación bancaria y sus comisiones excesivas.