En un reciente movimiento político, el Partido Popular de Galicia (PPdeG) ha presentado en el Parlamento de Galicia su propuesta para que María Dolores Fernández Galiño continúe liderando la Valedoría do Pobo. Esta iniciativa cuenta con el apoyo del Bloque Nacionalista Galego (BNG), que también planea proponer un nuevo adjunto o adjunta al cargo.

El 9 de diciembre, el Boletín Oficial del Parlamento comunicó que el cargo de valedor do pobo había quedado vacante y que se prorrogaban las funciones de Fernández Galiño, quien asumió el puesto en agosto de 2019 con un mandato de cinco años, que finalizará en agosto de 2024.

De acuerdo con la legislación vigente, el nombramiento del Valedor/a do Pobo requiere una mayoría cualificada de tres quintas partes de los miembros del Parlamento, es decir, 45 de los 75 diputados, lo que implica que el PPdeG, que cuenta con 40 escaños, necesitará apoyo de alguna de las fuerzas opositoras para llevar a cabo esta designación.

Con el respaldo del BNG, ha trascendido que los nacionalistas esperan que el PPdeG acepte también su propuesta para el nuevo adjunto/a, un cargo ocupado hasta ahora por María Xosé Porteiro, quien fue nombrada en 2019 por el Grupo Socialista durante su etapa como fuerza de oposición al Gobierno.

Si se concreta esta propuesta, Fernández Galiño se convertiría en la primera valedora desde 2007 en no dimitir en el cargo, recordando que su predecesor, el magistrado Benigno López, se vio obligado a renunciar en medio de una controvertida situación relacionada con recortes en la ley de dependencia.

José Julio Fernández, quien ocupó interinamente el cargo tras la salida de López, estuvo al frente durante tres años hasta que Milagros Otero asumió la valedoría en 2019, aunque también terminó dimitiendo tras una resolución del Tribunal Supremo que afectó a un nombramiento en su equipo.

María Dolores Fernández Galiño, licenciada en Derecho por la Universidade de Santiago de Compostela, ha tenido una destacada carrera tanto en el ámbito judicial como en el fiscal, lo que la convierte en una figura reconocida en la administración de justicia gallega. Desde 1990, ha ocupado distintos cargos en el sistema judicial y ha sido parte de la carrera fiscal, además de tener especialización en Derecho Civil de Galicia.