LUGO, 12 de enero.

Este lunes, la dirección nacional del Partido Socialista ha confirmado a Carmela López, actual alcaldesa de Burela, como la candidata oficial para asumir la presidencia de la Diputación de Lugo. En respuesta, el Partido Popular (PP) ha denunciado lo que considera un "pacto vergonzoso" entre socialistas y nacionalistas, esto tras las acusaciones por un presunto acoso sexual que ha llevado a la suspensión de José Tomé, quien en su momento se desempeñaba como presidente del PSOE.

Los partidos que tienen representación en la Diputación están en plena preparación para un pleno extraordinario que se llevará a cabo este miércoles a las 12:00, donde se elegirá al nuevo liderazgo del organismo provincial tras la dimisión de Tomé en diciembre pasado.

Fuentes del PSOE han indicado este lunes que Ferraz respalda la elección llevada a cabo por la gestora socialista en Lugo a comienzos de enero, y que esta decisión ha facilitado las negociaciones con el BNG, las cuales se concretarán hoy.

Aún sin una confirmación oficial, ambos partidos parecen dispuestos a mantener su acuerdo de gobernabilidad, lo que les permitiría prevalecer en el poder provincial pese a que el PP cuente con la mayor cantidad de votos. Para concretar este pacto, necesitarán el apoyo de José Tomé, quien ahora es diputado no adscrito tras dejar el PSOE.

Los representantes del PP, a solo dos días del pleno, han emitido un mensaje claro: es necesaria una renovación en la dirección del gobierno provincial. Antonio Ameijide, portavoz popular, ha señalado que la continuación del acuerdo entre PSOE y BNG marcaría "un nuevo pacto vergonzoso" que perpetuaría un gobierno plagado de conflictos internos.

Ameijide ha criticado duramente el manejo de la crisis desde diciembre, enfatizando que el PSOE había pasado de la ignorancia a acusaciones de acoso, presentando "hasta cuatro versiones diferentes" de los hechos. Además, ha responsabilizado a Pilar García Porto de estar al tanto de la situación sin actuar hasta que se hizo pública.

El portavoz popular también ha cuestionado los acuerdos financieros firmados con varios ayuntamientos, indicando que en total se destinaron 15.892.432,45 euros a 94 localidades, de las cuales solo 40.000 euros fueron asignados a un municipio gobernado por el PP y el resto favorecieron al PSOE. Este hecho ha sido calificado por él de "compra de voluntades" y muestra de "sectarismo".

En sus declaraciones, Ameijide ha subrayado que la distribución de los fondos provinciales no responde a criterios de necesidad o población, sino a la lealtad política de los gobiernos locales. Ha acusado a PSOE y BNG de utilizar la Diputación para sostener alcaldías y alimentar discordias internas, sin que se refleje en mejoras tangibles para los ciudadanos de la provincia.

Críticas severas no solo han sido dirigidas al PSOE, sino también al BNG, al que Ameijide ha llamado cómplice en este contexto de acoso y encubrimiento. Ha resaltado que, mientras el concejal Tomé no se presentaba en las reuniones, el BNG estaba tramando acuerdos en la sombra.

Se ha destacado que, en la última Junta de Gobierno de la Diputación, celebrada justo antes de la dimisión de Tomé, se aprobaron más de 1,6 millones de euros dirigidos a municipios afines al BNG. Ameijide ha interpretado esta acción como evidencia de que, pese a la fachada de desacuerdo, se estaban cerrando pactos millonarios en privado.

Por su parte, Efrén Castro, representante del BNG, ha reprochado al PP su "carroñerismo político", asegurando que las decisiones tomadas en las últimas semanas fueron parte del funcionamiento normal del Gobierno y no resultado de una negociación improvisada.

Finalmente, el Grupo Provincial Popular ha advertido que, si no se implementan cambios significativos en la gestión de la Diputación, el panorama continuará marcado por el sectarismo y desigualdad entre los ayuntamientos, insistiendo en que es imperativo diseñar un nuevo enfoque político que priorice los intereses de la ciudadanía en general.