El abogado de la familia de Déborah Fernández Cervera ha solicitado nuevamente la apertura del archivo del caso para hacer público el sumario y que la opinión pública "dictamine". El experto forense Aitor Curiel, que previamente había elaborado un informe sobre la muerte de la chica a petición de su familia, se ha ratificado en sus conclusiones en una declaración por videoconferencia ante la jueza de instrucción número 2 de Tui (Pontevedra), en la que ha afirmado que la joven viguesa murió por sofocación y no por una muerte súbita natural.
La jueza está investigando la desaparición y muerte de la chica, cuyo cadáver apareció en mayo de 2002 en una cuneta de O Rosal, a 40 kilómetros de su casa, desnudo y rodeado de pistas falsas. El abogado de la familia de Déborah, Ramón Amoedo, ha explicado que el experto se ratificó en su informe y ha respondido a todas las preguntas de las partes, detallando por qué llegó a esa conclusión y los signos que lo llevaron a afirmar que el fallecimiento de la chica tiene una "etiología homicida".
La familia y su representante legal han lamentado que, a pesar de más de 20 años de incidencias que apuntan claramente a un homicidio, "todavía" se cuestione la naturaleza de la muerte de la chica. La propia autopsia desestimó que la víctima tuviera algún problema de salud que pudiera haber provocado una muerte natural.
El Fiscal y la defensa han intentado desacreditar las conclusiones de Curiel, lo que sorprendió tanto a la familia como a Amoedo. El abogado ha criticado la Fiscalía por poner "palos en la rueda" y parece estar empeñada "en lavar conciencias" en vez de intentar esclarecer el caso. Además, ha censurado que, si la Fiscalía no cree que se trata de un homicidio, debería pedir el archivo y cesar la instrucción, para dejar de gastar recursos públicos en un delito que no ha sido cometido y cesar los perjuicios al único investigado en el procedimiento, el exnovio de la chica Pablo P.S.L.
La Audiencia Provincial ya rechazó que se iniciara la tramitación del procedimiento por la ley del tribunal de jurado, argumentando que aún quedan diligencias por practicar. Amoedo ha declarado que no tiene esperanza de que se celebre el juicio y ha pedido que se archive el caso para hacer público el sumario y que la opinión pública pueda dictaminar. El abogado ha advertido que si se conoce el sumario, la sociedad podrá ver que el procedimiento ha sido un cachondeo desde el primer momento con negligencias, omisiones y fallos. Además, él y la familia han intentado sin éxito que los policías que recogieron el disco duro y el teléfono móvil de la chica fueran llamados a declarar, puesto que consideran que fueron manipulados.
Finalmente, la familia está esperando saber si el juzgado aceptará su petición de hacer un cara a cara entre peritos, ya que la Guardia Civil y una empresa contratada por la defensa del investigado no ven indicios de manipulación del disco duro, mientras que los expertos de Lazarus concluyeron que sí la hubo una vez que se envió el dispostivo a la policía.