SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 Sep.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, anunció el impulso de una ley de ordenación del litoral con la que el Gobierno gallego quiere sortear la negativa a transladar el dominio público marítimo-terrestre a la Comunidad gallega. El Ejecutivo gallego mantiene que el Estatuto ahora le entrega la aptitud de administración, para lo que se sostiene en un dictamen del Consello Consultivo pedido ad hoc dada esta problemática donde el Gobierno de Pedro Sánchez llama a Galicia a cambiar marco estatutario para incluirlo de manera expresa.

En la comparecencia frente a la prensa posterior a la asamblea semanal de su Gobierno, Alfonso Rueda informó de la resolución del Ejecutivo de "ofrecer este paso adelante" con el que, afirma, no quiere que se abra una "conflictividad" judicial con el Gobierno central, que en cualquier caso no podría suspender la ley hasta el momento en que la apruebe el Parlamento de Galicia.

Ahora se va a abrir un periodo de tiempo de un mes para solicitud pública, como es preceptivo, en el que el artículo puede recibir aportaciones de todos y cada uno de los ciudadanos. Posteriormente, el boceto hay que someter a aprobación del Consello (aprobación del anteproyecto de ley), el que se transforma en emprendimiento legislativo una vez empieze su tramitación parlamentaria. Solo en el momento en que esté aprobado el artículo va a poder ser recurrido frente al Constitucional, pero antes se tienen la posibilidad de abrir otros canales y, como citado Rueda, la Xunta tiene "la mano tendida" para hacer este traspaso de competencias de manera bilateral.

La legislación que ofrece el Gobierno autonómico, que quiere ofrecer solución a "proyectos estratégicos" con inseguridad jurídica, va a tener una visión "económica, ambiental y popular" y servirá para "cerrar la franja ribereña" sobre la que Galicia "tiene rivalidad", "entablar usos que puede albergar, detectar ocupaciones estratégicas y organizar el avance", adjuntado con "entablar criterios para novedosas concesiones en el litoral" y "facilitar trámites administrativos" para privilegios de actividad en el litoral.

En su intervención, el gobernante autonómico ha lamentado que el Gobierno central no le haya dado contestación al informe del Consello Consultivo anunciado y que acredita, según insistió nuestro gobernante gallego, la rivalidad de administración del litoral para Galicia de manera tácita.