Un reciente estudio ha puesto de manifiesto la alarmante escasez de plazas en residencias para personas mayores en la comunidad autónoma de Galicia, con un déficit que asciende a 13.850 espacios. Esta cifra es crucial para alcanzar la proporción de cinco plazas por cada 100 ciudadanos mayores de 65 años, un estándar que sigue sin cumplirse en muchas regiones.

MADRID / SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 Ene.

Los datos revelan un preocupante descenso en el número total de plazas en residencias para personas mayores en España, que se han reducido a 395.065 en 2024, lo que representa una disminución de 3.510 plazas en comparación con el año anterior. Este es un fenómeno inédito, dado que es la primera vez en la última década que se reporta una caída interanual desde 2014, según el informe elaborado por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.

El informe detalla que Galicia se ubica como la cuarta comunidad autónoma con mayor déficit en plazas para residencias de mayores, solamente superada por Andalucía, Comunidad Valenciana y Cataluña.

En términos específicos, el estudio destaca que Galicia necesita 13.850 plazas adicionales para lograr un equilibrio que permita tener cinco plazas residenciales por cada 100 mayores de 65 años. Esta cifra refleja las serias carencias que enfrenta la región en cuanto a infraestructura para el cuidado de las personas de la tercera edad.

La ocupación media de las plazas residenciales en Galicia se sitúa en un 75,4%, en contraste con la media nacional que alcanza un 84,1%. Asimismo, el informe menciona que el tamaño promedio de los centros en Galicia es de 75,9 plazas, lo cual es superior al promedio nacional de 72,9 plazas.

En lo que respecta a la financiación de las 22.096 plazas residenciales para mayores en Galicia, se señala que el 75,4% de estas, es decir, 16.666 plazas, son financiadas públicamente, mientras que las 5.430 restantes, equivalentes al 24,6%, son de naturaleza privada.

El estudio también advierte que el déficit de plazas residenciales para personas mayores en España ha aumentado tras la pandemia. Desde 2021 hasta 2023, han añadido solo 6.031 nuevas plazas, frente al incremento de más de 600.000 personas mayores de 65 años que se registró en el mismo periodo.

Para alcanzar la deseada proporción de cinco plazas por cada 100 personas mayores de 65 años, el informe indica que se requieren, como mínimo, 89.324 plazas residenciales. Además, se estima que se necesitarían al menos 35.000 plazas para atender la demanda actual de personas con dependencia severa.

El estudio, citando datos del IMSERSO, revela que hay 34.622 personas en lista de espera con Grado II de dependencia y 17.420 con Grado III. También se encuentran 65.602 individuos pendientes de valoración, que probablemente obtendrán uno de estos grados, y 15.732 personas con calificaciones de dependencia cuya prestación no es efectiva, lo que eleva la demanda total a 133.376 ciudadanos.

Según los autores del informe, un 35% de los solicitantes con Grado III y un 22% con Grado II requerirían un servicio residencial en espacio público o concertado, así como una prestación económica vinculada a estos servicios. Esto justifica la estimación de que se requieren alrededor de 35.000 plazas adicionales solo para satisfacer la demanda en materia de dependencia.

Además, el estudio resalta que la información más reciente de IMSERSO revela un "retroceso" en el sector residencial durante 2023, tanto en términos absolutos de plazas como en relación al índice de cobertura, que ha alcanzado su nivel más bajo desde 2010. La ocupación total se sitúa en un 84,1%, equivalente a 332.431 usuarios de estas plazas.

En el análisis por comunidades autónomas, se identifica que Andalucía y la Comunidad Valenciana presentan los mayores déficits de plazas, con 35.857 y 24.801 respectivamente, lo que contribuye a más del 67,9% del déficit total. En Cataluña, el déficit es de 14.428 plazas, mientras que en Galicia se sitúa en 13.850 plazas.

En contraste, seis comunidades reportan un exceso de plazas, siendo Castilla y León la que destaca con 17.234 plazas adicionales. Navarra, Cantabria y La Rioja son las comunidades que gozan de un equilibrio óptimo en la ratio de plazas por su población mayor de 65 años, según indica el estudio.

El informe también revela que el 69,6% de las plazas residenciales para mayores son de financiación pública, sumando un total de 275.094 plazas frente a las 119.971 de financiación exclusivamente privada. Este total abarca tanto las plazas en centros públicos como las concertadas en centros privados y aquellas que se financian a través de prestaciones vinculadas al servicio.

Los datos indican además un ligero incremento desde 2015 en el número y porcentaje de plazas financiadas públicamente, alcanzando ahora 2,84 plazas por cada 100 personas mayores de 65 años, que es la cifra más alta hasta la fecha. Las comunidades con mejor provisión de plazas de financiación pública son Castilla y León y Castilla-La Mancha, seguidas de Extremadura y Aragón; mientras que Canarias, Murcia y la Comunidad Valenciana se encuentran en el extremo opuesto de esta clasificación.

En 2023, el Ministerio de Derechos Sociales propuso una estrategia de desinstitucionalización, buscando facilitar que las personas en situación de dependencia se mantengan en sus hogares, lo cual teóricamente reduciría la necesidad de plazas residenciales.

Sin embargo, la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales expresa su preocupación al señalar que “no se han dado pasos decididos” en esta dirección, destacando la falta de avances en los servicios de atención domiciliaria. La cobertura para esta atención se mantuvo en un escaso 5,5% en 2023, lo que solo representa seis décimas más que en el periodo previo a la pandemia.

Por otra parte, el estudio recalca que la media de horas de atención y cuidado se mantiene en 21,1 horas mensuales, un número que no ha cambiado desde 2012.

“Estos datos son preocupantes y la falta de evolución en los últimos años obstaculiza el avance de la estrategia de desinstitucionalización, generando costos que recaen sobre las personas y sus familias, particularmente sobre las mujeres, quienes suelen asumir la mayoría de estos cuidados”, subraya la asociación.

Con miras al futuro, se espera que la actualización del censo de centros residenciales en 2024 se acerque más a los datos presentados en el Informe Mayores por IMSERSO. La asociación solicita también que se establezca, en conjunto con el Consejo Territorial, un acuerdo para fijar una ratio que sea más acorde con la realidad actual de la población, dado que el índice de cobertura se calcula en relación con la población mayor de 65 años, a pesar de que la media de edad de los residentes es de alrededor de 85 años.

“Es fundamental tener en cuenta estas referencias, especialmente porque siguen construyendo residencias basándose en promesas electorales. Debemos priorizar una planificación racional para que la construcción de nuevos centros se realice donde realmente los necesitan las personas y sus familias, ya que la sociedad requiere que las residencias sean auténticos servicios de proximidad”, concluye la asociación.