Un reciente estudio elaborado por una asociación especializada en servicios sociales ha puesto de manifiesto la preocupante situación que atraviesa la comunidad gallega en lo que respecta a plazas en residencias para personas mayores, revelando un déficit de 13.404 plazas a nivel regional.

En un informe publicado este martes, se reporta que el total de plazas en residencias para la tercera edad en España ha caído a 395.065, lo que representa una disminución de 3.510 plazas en comparación con el año anterior. Este descenso, inédito en la última década, marca un hito negativo que refleja las deficiencias del sistema, especialmente si consideramos que no se había registrado un descenso interanual desde 2014.

En lo que respecta a la situación gallega, esta comunidad se posiciona como la cuarta en el país con un mayor déficit en plazas para residencias de mayores, solo superada por Andalucía, Comunidad Valenciana y Cataluña. La cifra de 13.404 plazas necesarias para satisfacer la demanda es un indicativo claro de la desatención que sufre este sector fundamental para la calidad de vida de nuestros mayores.

El informe destaca que el déficit de plazas residenciales ha continuado incrementándose tras la pandemia, un fenómeno que ha afectado la capacidad del sistema para atender las crecientes necesidades de la población. En los tres años posteriores a este periodo crítico (2021, 2022 y 2023), mientras que la oferta de plazas en residencias ha crecido en 6.031, la población mayor de 65 años ha aumentado en más de 600.000 individuos. Esta discrepancia es alarmante y merece una respuesta inmediata y efectiva de las autoridades competentes.

Los datos del informe revelan que para alcanzar una proporción de cinco plazas por cada 100 personas mayores de 65 años, se precisarían 89.324 plazas adicionales. Asimismo, al menos 35.000 de estas plazas son absolutamente necesarias para atender a aquellos que se encuentran en Dependencia Severa o Grandes Dependientes.

Sobre la lista de espera, se observan cifras inquietantes, con 34.622 personas que tienen un Grado II de dependencia y 17.420 con Grado III, además de 65.602 que están pendientes de valoración. Esto eleva la cifra total de personas en espera de atención a 133.376, lo que refleja una situación crítica a la que no se puede mirar con indiferencia.

Los autores del estudio calculan que, de ese total, un 35% de los individuos con grado III y un 22% con grado II estarían solicitando un servicio residencial, ya sea en plazas públicas, concertadas o bajo una prestación económica vinculada. Esta realidad resalta la urgente necesidad de crear al menos 35.000 plazas residenciales adicionales para poder abordar la demanda actual de quienes se encuentran en lista de espera.

Además, el análisis pone de relieve que 2023 ha marcado un retroceso en el sector residencial, tanto en términos de cantidad de plazas como en el índice de cobertura, alcanzando el nivel más bajo desde 2010. El estudio señala que la ocupación total de plazas se encuentra actualmente en el 84,1%, con 332.431 personas usuarias que destacan la presión que enfrenta el sistema.

En cuanto a la distribución por comunidades autónomas, Andalucía y la Comunidad Valenciana lideran el déficit de plazas, con 35.857 y 24.801 plazas faltantes, respectivamente. Ambas comunidades suman más de tres cuartas partes del total del déficit en el país. Cataluña también presenta preocupaciones con un déficit de 14.428 plazas, mientras que Galicia se ve impactada con sus 13.404 plazas en falta.

Por el contrario, hay seis comunidades que disfrutan de un excedente de plazas, siendo Castilla y León la más destacada con 17.234 plazas sobrantes. Navarra, Cantabria y La Rioja se encuentran en una situación de equilibrio más favorable en términos de la cantidad de plazas en proporción a su población mayor de 65 años.

Un 69,6% de las plazas residenciales, es decir, siete de cada diez, son de financiación pública. Esto se traduce en 275.094 plazas públicas, en comparación con 119.971 de carácter privado. Este dato incluye plazas tanto en centros públicos como en privados que reciben financiación pública, algo que el sistema necesita seguir priorizando para garantizar el acceso equitativo a todos nuestros mayores.

Desde 2015, ha habido un ligero incremento en el número y el porcentaje de plazas de financiación pública, alcanzando 2,84 plazas por cada 100 personas mayores de 65 años, la cifra más alta registrada hasta la fecha. Las comunidades con mejor cobertura incluyen a Castilla y León y Castilla-La Mancha, mientras que Canarias, Murcia y la Comunidad Valenciana están en la situación más desfavorable.

El Ministerio de Derechos Sociales, en colaboración con las comunidades autónomas, diseñó en 2023 una estrategia de desinstitucionalización que tiene como propósito favorecer la permanencia de las personas en situación de dependencia en sus hogares. No obstante, la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales ha expresado su preocupación por la falta de avances significativos en este enfoque, señalando que la atención domiciliaria, crucial para esta estrategia, ha permanecido estancada, con una cobertura que apenas llega a un 5,5% en 2023.

Se observa también que la media de horas de atención y cuidados se limita a 21,1 horas mensuales, una cifra que no ha cambiado desde 2012, lo cual es inaceptable y pone de manifiesto la ausencia de una evolución real en este campo crucial.

La asociación advierte que estos datos son extremadamente negativos y que la escasa evolución de los mismos pone en riesgo la realización de la estrategia de desinstitucionalización, generando un impacto negativo en la vida de las personas que requieren cuidados en sus hogares, muchas veces proporcionados por mujeres que cargan con la mayor parte de esta responsabilidad.

Por último, se espera que la actualización del censo de centros residenciales en 2024 se alinee más con los datos presentados en el Informe Mayores por el IMSERSO. Además, se solicita a este organismo que proponga un nuevo acuerdo para establecer una ratio más acorde con la realidad actual, dado que la tasa de cobertura se basa en la población mayor de 65 años, mientras que la media de edad de los residentes en los centros se sitúa alrededor de los 85 años.

La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales concluye enfatizando la necesidad de que las decisiones sobre la creación de nuevos centros residenciales respondan a las verdaderas necesidades de la población y se basen en una planificación responsable, en lugar de estar guiadas por promesas electorales vacías. Es fundamental que las residencias se conviertan en verdaderos servicios de proximidad al ciudadano, que aseguren el bienestar de nuestros mayores en los lugares donde se hallan, junto a sus familias.