En una reciente sesión de control en el Parlamento gallego, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha llevado a cabo un anuncio significativo respecto a las políticas de acceso a la vivienda en Galicia. Este miércoles, Rueda comunicó que el gobierno autonómico está impulsando un incremento en los umbrales de renta que permitirán a más ciudadanos acceder a la compra y alquiler de viviendas de promoción pública, una medida que se implementará a partir del próximo año.

A pesar de no ofrecer cifras concretas en su discurso inicial, fuentes del Ejecutivo regional aclararon posteriormente que el límite de ingresos se elevará en más de 5.000 euros, alcanzando así los 31.500 euros anuales. Este cambio se considera vital, dado que el actual umbral para una unidad familiar se sitúa en 26.250 euros, lo que representa 2,5 veces el indicador público de renta de efectos múltiples (Iprem). Este límite será ajustado a tres veces el Iprem para el año 2025, facilitando así que más familias puedan acceder a viviendas protegidas.

Rueda fundamentó su argumento subrayando la inapropiación de que una pareja que ingresa 24.000 euros anuales se vea excluida del acceso a la vivienda pública en áreas urbanas. Estas afirmaciones se dieron en respuesta a las preguntas del líder del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, acerca de las políticas de vivienda durante la sesión de control. "No es un tema que debamos permitir", indicó el presidente de la Xunta, quien también recordó que su administración se compromete a mantener la protección de las viviendas públicas, en contraste con lo que sucedió en el pasado bajo la gestión de otros partidos.

El gobierno gallego tiene en mente aumentar su presupuesto destinado a la vivienda pública y a suelo residencial hasta los 120 millones de euros. Además, Rueda destacó que el 25% de las viviendas públicas en venta y el 40% de las destinadas al alquiler se reservarán para los jóvenes, con el objetivo de que, al finalizar el mandato, se duplique el número de viviendas públicas promovidas por la Xunta, alcanzando un total de 8.000, de las cuales más de 1.000 ya están en desarrollo en los primeros meses de gestión.

Por su parte, José Ramón Gómez Besteiro, además de reclamar un cumplimiento riguroso de la ley estatal de vivienda, centró su propuesta en la creación de un banco público de alquileres con precios asequibles, argumentando que la actual crisis habitacional exige este tipo de medidas. Insistió en que debemos actuar con ambición y aumentar la inversión pública, considerando que la situación no puede ser resuelta meramente con la construcción de nuevas viviendas.

Besteiro también destacó que la creación de este banco público permitiría movilizar hasta 5.000 viviendas desocupadas en las principales ciudades de Galicia, con una inversión proyectada de 20 millones de euros anuales, con el objetivo de que los alquileres no superen el 30% del salario de los inquilinos. Este enfoque busca aliviar la carga económica que representa el alquiler para muchas familias gallegas.

En respuesta a las propuestas de Besteiro, Rueda reiteró que la Xunta de Galicia se compromete a aplicar la ley. No obstante, también señaló que algunos ayuntamientos, incluidos aquellos gobernados por el PSOE, no estaban cumpliendo con los requerimientos necesarios para la declaración de zonas tensionadas. "Algo está ocurriendo en esos municipios", avisó, añadiendo que su administración se muestra escéptica respecto a la ley estatal de vivienda, que, según su criterio, podría generar un ambiente de desconfianza en el mercado de alquileres.

Finalmente, Rueda aseveró que la estigmatización de los propietarios no resulta beneficiosa para el mercado de la vivienda y abogó por fomentar un entorno de confianza, asegurando que muchos dueños de propiedades vacías aguardan por un gobierno que genere la seguridad necesaria para arrendar sus inmuebles. En su opinión, es urgente una reforma de la normativa estatal de vivienda para abordar adecuadamente esta problemática y atraer a más propietarios al mercado.