La Xunta de Galicia ha tomado la iniciativa de modificar la Ley del Deporte para permitir que la acción popular pueda ser ejercida en casos de violencia dentro del ámbito deportivo. Esta medida, que se prevé aprobar en el pleno del Parlamento gallego esta semana, busca no solo aumentar la exigencia en las normas de buen gobierno de las federaciones, sino también establecer límites claros en los mandatos de sus dirigentes.

Los cambios introducidos en la legislación tienen como objetivo elevar los estándares de las federaciones deportivas, garantizando una gestión más responsable de sus recursos económicos y la implementación de controles destinados a evitar conflictos de interés. Para ello, se establece un periodo de mandato máximo que podrá alcanzar los 20 años, siempre que se cumplan ciertos requisitos, con el fin de asegurar la renovación de estas entidades que, aunque son de naturaleza privada, desempeñan funciones públicas delegadas.

Originalmente, el Partido Popular planteó una limitación de tres mandatos, cada uno con una duración de cuatro años. Sin embargo, en un acuerdo alcanzado con el BNG durante la tramitación, se modificó esta propuesta, permitiendo que los mandatos puedan ser hasta cuatro, o incluso cinco si se dan las circunstancias adecuadas.

De esta forma, un presidente en funciones podría optar a un mandato adicional si es el único candidato, siempre que reciba la aprobación de dos tercios de los miembros de la asamblea general, o en caso de que existan razones fundadas para su continuidad. Este mandato extra deberá contar con la autorización previa de la administración autonómica competente en materia deportiva.

Durante el debate sobre esta modificación, el diputado del BNG, Iago Suárez, expresó sus dudas ante la rapidez con la que se estaba tramitando la ley, argumentando que existían "asuntos más urgentes" en el deporte gallego que la regulación de los mandatos en las federaciones. Además, advirtió que la reformulación podría crear inconsistencias, considerando que ya existen entidades con sus propias limitaciones en cuanto a mandatos.

Como respuesta, el BNG propuso una enmienda que resultó en un acuerdo con el PP para fijar cuatro mandatos como máximo, permitiendo un quinto bajo las mencionadas condiciones, asegurando así que las nuevas normativas no afecten de manera negativa a las federaciones existentes.

Por su parte, Paloma Castro, diputada del PSdeG, criticó la propuesta inicial del PP por presentar “dificultades técnicas y jurídicas”, sosteniendo que la restricción a tres mandatos es "incompatible" con lo estipulado en el artículo 58.6 de la ley, que otorga esa potestad a los estatutos de cada organización.

Roberto Rodríguez, del PPdeG, defendió los cambios afirmando que no se dirigen "contra nadie" y resaltó la necesidad de que las federaciones eleve el estándar en sus normas de gobierno, lo que incluiría medidas para una gestión adecuada de sus recursos económicos.

En concreto, la modificación se compone de cuatro artículos junto con disposiciones adicionales y finales. Este cambio fue promovido por el Partido Popular con el fin de que la Xunta pueda actúa como acusación popular en procesos penales relacionados con la violencia en el deporte.

Esta iniciativa surge a raíz de incidentes recientes, destacando el caso de un hombre de 68 años que falleció tras sufrir una agresión en un partido de balonmano cadete femenino en diciembre de 2024, lo que generó un clamor por más medidas de seguridad y responsabilidad en el entorno deportivo.

Finalmente, tras el debate del proyecto, la norma también establece plazos específicos para las infracciones y la prescripción de sanciones, ajustándose a lo que indica la Ley de régimen jurídico del sector público: tres años para infracciones muy graves, dos años para infracciones graves y seis meses para infracciones leves, extendiendo los plazos de prescripción igualmente para las sanciones.