La conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, ha afirmado hoy en A Coruña que la Xunta de Galicia explorará todas las opciones, incluso legales, para resistir las decisiones del Gobierno central respecto al reparto de menores no acompañados, reafirmando que "Galicia no aceptará imposiciones".

En la actualidad, Galicia presenta una situación crítica en la atención a menores no acompañados, ya que de las 832 plazas disponibles, 90 son ocupadas por menores migrantes, lo que implica una sobreocupación del 104%. Esto ha llevado a las autoridades gallegas a advertir que no cuentan con recursos suficientes para asumir la llegada de los 326 menores que les corresponderían según el nuevo decreto que modifica la Ley de Extranjería.

García ha señalado que el Gobierno busca implementar un "reparto obligatorio" que favorece a comunidades como Cataluña, lo que considera un trato injusto y un desajuste de las necesidades reales en su región, afirmando que "los criterios parecen diseñados para beneficiar a Puigdemont".

La conselleira ha subrayado que en Galicia siempre se ha priorizado la solidaridad y el apoyo a los menores, pero en el marco de acuerdos voluntarios entre las distintas comunidades autónomas. "No vamos a aceptar el reparto forzado, ya que contraviene la normativa actual", ha enfatizado, insistiendo en que no hay capacidad para recibir más menores en su sistema ya colapsado.

Ante esta situación, Fabiola García ha hecho un llamado al Gobierno para que considere una rectificación en su postura y regrese a los principios de cooperación en lugar de imposición. "No se trata de un mero proceso administrativo; estamos hablando de la vida y el bienestar de menores que merecen la mejor atención posible", ha expuesto.

Asimismo, ha indicado que la Xunta no se quedará de brazos cruzados, ya que están dispuestos a analizar todas las medidas necesaria para hacer frente a lo que consideran una intervención excesiva por parte del Gobierno español.

Desde la Consellería han detallado que, en total, se requieren 800 plazas para la atención de estos menores, y actualmente hay 832 ocupadas, lo que genera una tensión en el sistema. Además, 90 de esos espacios son ocupados por menores migrantes, según los repartos de los últimos años.

Esta situación se complica aún más por el hecho de que el Gobierno solo financia una anualidad de residencia, por lo que, en virtud del sistema establecido, es posible que Galicia no reciba el apoyo financiero necesario para mantener estas plazas, lo que representa un desfase significativo entre el coste real y el que se financia.