Crónica Galicia.

Crónica Galicia.

Galicia se sitúa como la quinta comunidad autónoma con menor incremento porcentual en su presupuesto para políticas sociales desde 2009, revela una investigación.

Galicia se sitúa como la quinta comunidad autónoma con menor incremento porcentual en su presupuesto para políticas sociales desde 2009, revela una investigación.

La Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales ha establecido que el gasto social por habitante en Galicia en 2022 será de 3.065 euros.

Según un estudio realizado por esta asociación, Galicia es la quinta comunidad autónoma que menos ha aumentado su presupuesto en políticas sociales entre 2009 y 2022, con un aumento bruto de 1.142,8 millones de euros y un incremento porcentual del 16,08%. Cataluña, Castilla-La Mancha, Aragón y Madrid superan a Galicia en este aspecto.

A nivel estatal, el porcentaje de gasto de las comunidades autónomas en políticas sociales (sanidad, educación y servicios) ha disminuido en un 8,6% desde 2010. En 2009, el gasto representaba el 67,39% del presupuesto total de la comunidad, mientras que en 2022 esta cifra ha disminuido al 58,78%.

En términos absolutos, el gasto en políticas sociales ha aumentado en 22.221,7 millones de euros desde 2009, lo que supone un incremento del 19,02% hasta alcanzar un total de 139.000 millones de euros en 2022. Sin embargo, si se hubiera destinado el mismo porcentaje del presupuesto total de las comunidades autónomas que en 2010, se habrían invertido casi 20.100 millones de euros adicionales en 2021, según un informe de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales.

El presidente de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales de España, José Manuel Ramírez, ha explicado que los recortes aplicados a las partidas destinadas a políticas sociales a partir de 2010, especialmente en 2013 y 2014, han llevado a que se registrara el nivel más bajo en gasto autonómico en servicios esenciales en 2014, con menos de 100.000 millones de euros.

La asociación destaca que, desde 2014 hasta 2020, ha habido incrementos en los presupuestos de las comunidades autónomas, especialmente en materia de sanidad debido a la gestión de la pandemia. En 2021, el gasto social alcanzó los 141.432 millones de euros.

La asociación también señala que contar con Presupuestos Generales del Estado ha propiciado el aumento en políticas sociales, aunque no ha sido igual en todas las comunidades autónomas.

En cuanto a la evolución del gasto en políticas sociales desde 2009, la asociación indica que ha sido diferente en cada región. A excepción de Cataluña, todas las comunidades autónomas han superado en 2022 el gasto social por habitante que tenían en 2009.

La Comunidad Valenciana se sitúa a la cabeza con un aumento de 855 euros por habitante, seguida de Navarra y Asturias. En contraste, Cataluña ha reducido el gasto en 6 euros por habitante, mientras que la Comunidad de Madrid lo ha aumentado solo en 168 euros por habitante.

En términos generales, las diferencias en el gasto por habitante en políticas sociales entre las comunidades autónomas oscilan entre 2.399 euros en la Comunidad de Madrid y 3.901 euros en Navarra o 3.708 euros en el País Vasco. Entre las Comunidades de Régimen Común, Extremadura destaca con 3.629 euros, seguida de Asturias y Cantabria. Madrid y Cataluña se encuentran a la cola en cuanto a gasto social por habitante en 2022.

La asociación denuncia que, en términos totales, el gasto en políticas sociales solo ha superado los 116,9 millones de euros en 2009 en 2019. En 2022, se destinaron 139,1 millones de euros, lo que supone un aumento de 22,2 millones.

Además, el gasto social de media por habitante en el conjunto de las comunidades autónomas en 2022 es un 16% superior al de 2009, pasando de 2.535,4 euros a 2.939,8 euros.

Por otro lado, destaca que el mayor aumento en el gasto autonómico ha sido en el pago de la deuda, multiplicándose por 5 el coste total y aumentando en 728,51 euros por habitante. Esto ha limitado la capacidad de las comunidades autónomas para incrementar su gasto en sanidad, educación y servicios sociales.