En una reciente decisión que ha marcado la agenda judicial, el Gobierno ha dado luz verde a la creación de 50 nuevas plazas de jueces, así como 42 fiscales especializados, enfocados en mejorar la atención a la violencia de género en toda España.

La aprobación se produjo en el Consejo de Ministros, donde se ratificó un real decreto que incluye la asignación de cuatro de estas plazas en Galicia, además de la implementación de nuevos Tribunales de Instancia que contarán con Secciones específicas dedicadas a casos de Violencia sobre la Mujer.

Esta acción es parte de una iniciativa liderada por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, en colaboración con el Consejo General del Poder Judicial. Se encuentra alineada con las competencias establecidas en la recién aprobada Ley Orgánica de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, que comenzará a regir en octubre.

Uno de los aspectos más destacados de esta reforma es la ampliación del ámbito de actuación de las Secciones, que ahora deberán ocuparse de todos los delitos sexuales perpetrados contra mujeres, no limitándose únicamente a situaciones de pareja o expareja. Esta medida cumple con las directrices internacionales del Convenio de Estambul sobre la prevención de la violencia de género.

Con esta reorganización, se prevé un crecimiento de casi un 50% en el número de jueces especializados en violencia de género en el país, un movimiento que el Gobierno espera que “refuerce significativamente” la respuesta del sistema judicial ante estos casos tan sensibles.

Además, el decreto contempla la creación de Secciones especializadas en Violencia sobre la Infancia y Adolescencia, las cuales se implementarán en tres localidades: Madrid, Barcelona y Málaga, donde se ha determinado la necesidad de atender de manera más eficaz los delitos que afectan a los menores.

En cuanto a la distribución de las nuevas plazas, Andalucía se beneficiará con diez, Madrid recibirá seis, y la Comunidad Valenciana cinco. Por su parte, provincias como Cataluña, Galicia y Canarias obtendrán cuatro nuevas plazas, mientras que otras comunidades como Castilla-La Mancha, Baleares y Extremadura tendrán tres cada una. Murcia y Castilla y León contarán con dos, y Aragón, Asturias, Cantabria y Euskadi recibirán una plaza cada una.

Se espera que la mayoría de estas nuevas posiciones entren en funcionamiento hacia finales de 2025, coincidiendo con la reestructuración de los 3.900 juzgados existentes en 431 nuevos Tribunales de Instancia, una transformación que la nueva Ley contempla.

Como parte de este proceso de modernización, el Consejo General del Poder Judicial ha enviado al Ministerio de Justicia la lista de los tribunales que comenzarán su transición a esta nueva estructura a partir del 1 de julio, asegurando una continuidad operativa sin que sea necesario relevar a los jueces actuales de sus funciones.