VALLADOLID, 8 Feb.

La Junta de Castilla y León y la Xunta de Galicia han demandado al Gobierno de España información sobre la afección específica del contrato fallido a las previsiones de renovación de los trenes de ancho métrico, que trabajan en las dos comunidades autónomas.

La consejera de Movilidad y Transformación Digital de la Junta de Castilla y León y su análoga de la Xunta de Galicia se han dirigido a la Secretaría de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para trasladarle su preocupación, frente "la gravedad de las novedades" aparecidas en los medios, similares con el retardo que va a suponer "el fallo" del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en la licitación para el suministro de trenes de ancho métrico y alpinos.

Las representantes de los gobiernos autonómicos requieren, en sus respectivas cartas, que se les informe cumplidamente sobre el estado de ejecución de tal contrato, que se realice público y sea alcanzable todo el expediente de contratación gestionado y adjudicado por el Consejo de Administración de Renfe.

Además, hacen referencia al aviso del 29 de junio de 2020 en el que se comunicaba que "Renfe adjudicaba a CAF la adquisición de 31 trenes de ancho métrico y 6 alpinos por 258 millones de euros" -en cuyo artículo se desgranaba que se adquirían 26 trenes eléctricos y 5 híbridos ("que podrían usarse en Castilla y León y Galicia") y que, aun, se podría llegar a comprar otro mucho más- y repiten que se les informe, "a la mayor brevedad viable, sobre el destino sosprechado para los trenes objeto del contrato y específicamente, cuántas entidades iban a ser destinadas a Castilla y León y a Galicia".

En esa la información se recogía de manera expresa que la flota de 'ancho métrico' daría servicio en Asturias, Cantabria, País Vasco, Galicia, Castilla y León y Murcia. Por ello, solicitan que se integre de manera expresa la renovación de los trenes que circulan por sus propios territorios, a fin de que todos y cada uno de los pasajeros individuos de estos servicios ferroviarios en el norte del país lo hagan en exactamente las mismas condiciones.

Del mismo modo, comprueban su interés en formar parte y ser escuchados en todas y cada una aquellas asambleas que se convoquen desde el Ministerio para reportar sobre este tema, adjuntado con el resto de comunidades autónomas que tiene este sistema.

Por otro lado, tanto María González Corral como Ethel Vázquez requieren que el Ministerio aclare cuándo tuvo conocimiento de esta situación y qué medidas se han adoptado desde ese momento, tal como las que se marchan a tomar de ahora en adelante.

Por último, requieren que "se acepten las responsabilidades políticas al mucho más prominente nivel, sin perjuicio de que se depuren las responsabilidades legales que se delegen de esta inusual actuación, que expone de nuevo la absoluta falta de rigor en la administración de los servicios públicos fundamentales, cuyos costos son sufragados por todos y cada uno de los ciudadanos".