La Xunta de Galicia ha dado un paso significativo en la promoción del alquiler de viviendas vacías al establecer una deducción de 500 euros en el tramo autonómico del IRPF para los propietarios o usufructuarios de estos inmuebles. Esta deducción se ajustará en función del porcentaje de participación en la propiedad, y es un requisito que el alquiler mensual, incluyendo anexos, no supere los 700 euros.

Este beneficio forma parte de una enmienda que el Partido Popular ha presentado en el marco de la ley de medidas fiscales y administrativas que acompaña a los presupuestos de 2025. Este método legislativo es una práctica habitual de la Xunta para modificar varias normativas a la vez en el Parlamento gallego.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha señalado esta iniciativa como una respuesta a la "máxima preocupación" que representa el acceso a la vivienda en Galicia. Ha remarcado el objetivo del gobierno autonómico de duplicar el parque de vivienda pública, aumentando de 4.000 a 8.000 las viviendas disponibles. Para lograr este objetivo, el president e ha destacado la necesidad de proceder con rapidez en la construcción de nuevas viviendas y ha anunciado deducciones en la parte autonómica del impuesto sobre la renta.

Adicionalmente, también se introducirá una deducción del 15% para aquellos que necesiten rehabilitar o adaptar un inmueble antes de alquilarlo, de acuerdo con lo establecido en la enmienda del Partido Popular.

Con estas nuevas medidas, la Xunta espera aumentar en un 3% la oferta de alquileres en la región, lo que podría traducirse en la disponibilidad de más de 1.000 viviendas en un plazo inmediato, tal como ha señalado Rueda en sus comunicaciones sociales, incluyendo referencias a un horizonte de 2025.

En el ámbito de la vivienda, estas enmiendas no solo se limitan a los alquileres. También se introducen novedades como la equiparación de ciertos locales comerciales a viviendas, siempre que su adquisición esté adecuadamente documentada y se presente una comunicación de ocupación en un plazo determinado después de la compra.

Para beneficiarse de estas deducciones, se aplicarán varias condiciones reglamentarias, especialmente en lo que respecta a la finalización de obras y su impacto fiscal. Si un contribuyente no presenta la documentación necesaria en el tiempo estipulado, estará obligado a devolver cualquier beneficio fiscal obtenido indebidamente, sumando, en su caso, los intereses de demora.

Las deducciones también se extenderán a los costos de adecuación de inmuebles vacíos para convertirlos en viviendas de alquiler, permitiendo que se aplique una deducción del 15% en la cuota autonómica del IRPF correspondiente a los gastos necesarios para que dichos inmuebles cumplan con las normativas vigentes y estén listos para el arrendamiento.

Los propietarios interesados deberán cumplir con varios requisitos, incluyendo que el inmueble esté vacío al menos un año antes del comienzo de las obras y que la propiedad no sobrepase un valor de 250.000 euros. Además, el arrendatario no puede ser un familiar directo y el contrato de alquiler deberá tener una duración mínima de tres años.

En el caso de que el propietario tenga más de una vivienda que cumpla con estos requisitos, el límite total de deducción podría incrementarse, facilitando así un apoyo más robusto para los inquilinos y propietarios en la comunidad.

Además, la deducción de 500 euros aplicada a las viviendas vacías está sujeta a condiciones similares, asegurando que los inmuebles estén deshabitados durante, al menos, un año y que no se cobre más de 700 euros en rentas mensuales.

La Xunta también ha señalado otras iniciativas que incluyen una bonificación del 75% en el impuesto sobre actos jurídicos documentados para aquellas operaciones referidas a la compra, construcción o rehabilitación de viviendas destinadas al alquiler. Estos incentivos pretenden fomentar la participación en el mercado de vivienda protegida y facilitar el acceso a la propiedad para todos los gallegos.

Finalmente, la titular de Vivenda ha enfatizado la importancia de estas medidas, criticando al Gobierno central por su falta de efectividad en cuestiones como la declaración de zonas de tensión en el mercado de vivienda. Con esto, la Xunta busca no solo ampliar la oferta de vivienda en Galicia, sino también mejorar las condiciones de acceso para los ciudadanos que buscan un hogar digno y asequible.