En un hecho que ha generado una gran polémica en la comunidad de Santiago de Compostela, la Plataforma Mina Touro-O Pino ha decidido solicitar el respaldo del Valedor do Pobo, argumentando que existe una evidente “opacidad” en la presentación de documentos relacionados con el proyecto de explotación minera que se encuentra actualmente en fase de exposición pública.

El pasado martes, varios miembros de esta plataforma vecinal llevaron a cabo un registro en la sede del alto comisionado del Parlamento de Galicia. Su objetivo es demandar mayor transparencia respecto a un proyecto que consideran que “oculta” información crucial, como quiénes son los verdaderos impulsores de la iniciativa y quién asumiría las responsabilidades en caso de que surjan problemas en el desarrollo de la mina.

Obdulia Lareo, integrante de la plataforma, expresó a los medios su preocupación por la actitud de los promotores, quienes, según ella, se amparan en el “secreto industrial” para evitar proporcionar detalles esenciales, tales como el informe económico. Esto, argumentan, crea una situación de desconfianza entre los habitantes de la zona.

Desde la plataforma denuncian lo que consideran una estrategia deliberada de “opacidad”, que impide conocer la identidad de la entidad financiera detrás de la propuesta liderada por Explotaciones Gallegas, Atalaya Mining y Cobre San Rafael. “Es fundamental saber quién está detrás de este proyecto y quién asumiría la responsabilidad en caso de un fallo en los depósitos o cualquier eventualidad”, destacó Lareo.

Asimismo, han señalado que el listado de terrenos que se publicaron en el Diario Oficial de Galicia para posibles expropiaciones presenta “errores”, ya que algunas fincas tienen datos equivocados en cuanto a su extensión, mientras que otras figuran sin información alguna. Esto ha llevado a los miembros de la plataforma a cuestionar la veracidad de la información proporcionada.

Al revisar la superficie total de las fincas enlistadas en la documentación, afirman que la suma no alcanza las 812 hectáreas estipuladas para el proyecto, y que el catastro revela que las propiedades “en blanco” suman una superficie total de 914 hectáreas, generando dudas sobre el verdadero alcance del proyecto minero.

Ante esta situación, plantean la interrogante de “cuál es la superficie real” de un proyecto que, a su juicio, es prácticamente idéntico al que se presentó en 2017 y que ya había sido rechazado por la Xunta por recibir un informe de impacto ambiental negativo. Por lo tanto, consideran que cualquier intento de continuar con su tramitación debería ser ilegal, dado que la normativa prohíbe que proyectos con informes negativos puedan reiniciar su proceso administrativo.

“Es el mismo proyecto que el de 2020, que también fue denegado”, reafirmó Lareo, quien señaló que la plataforma seguirá realizando movilizaciones y acciones en un esfuerzo por detener lo que consideran una “amenaza” para los vecinos y la economía local, que se basa principalmente en la ganadería y en el sector servicios, especialmente por su proximidad al Camino de Santiago.

Para tomar acciones adicionales, una delegación de la plataforma tiene previsto reunirse este miércoles con el Grupo Parlamentario del BNG. Lareo también ha anunciado que están a la espera de concretar una reunión con el PSdeG y que han solicitado una respuesta al PP y Democracia Ourensana, que aún no han respondido a su petición.