VIGO, 9 de enero.

Un individuo se enfrenta a un proceso judicial que podría llevarlo tras las rejas por un total de 25 años, acusado de múltiples delitos incluidos amenazas, injurias y acoso. Este hombre ha sido señalado por enviar más de mil mensajes amenazantes a abogados, jueces y policías en Vigo, en los que profería insultos graves y amenazas de muerte de forma reiterada. La audiencia sobre estos hechos se llevará a cabo este martes en la sala de lo Penal 3.

El documento de la Fiscalía revela que el sospechoso, entre noviembre de 2022 y julio de 2023, envió sistemáticamente cientos de correos electrónicos a diversas instituciones y corporaciones. En estos mensajes, arremetía contra el honor y la dignidad de los funcionarios judiciales y fiscales que estaban involucrados en casos que le afectaban personalmente.

Los correos incluían constantes y graves amenazas de muerte dirigidas no solo a abogados que se habían ocupado de su defensa, sino también a miembros del Colegio de Abogados de Vigo, a quienes ofendía con insultos y expresiones altamente despectivas.

La Fiscalía sostiene que estos correos constituyen una violación flagrante a la labor judicial, y que un juzgado de instrucción de Vigo se vio obligado a prohibir al acusado toda comunicación con los tribunales del área, salvo en situaciones donde su intervención estuviera debidamente autorizada.

Además, las amenazas dirigidas a los abogados y a un agente policial se interpretan como parte de un patrón de hostigamiento continuo, generando en estos profesionales una angustia y temor comprensible por su seguridad y la de sus familiares.

En el marco de este acoso, el 19 de julio, el acusado agredió físicamente a uno de los abogados, golpeándolo en la cara y arrojándolo al suelo justo en la entrada de los juzgados de Vigo. También ocasionó daños materiales en el edificio donde trabajaba este abogado, así como en la oficina de otro letrado.

Después de estos incidentes, fue localizado por la Policía en la terraza de un bar en la Plaza de Compostela, donde intentó resistirse a su arresto. Durante su detención, también causó daños en la comisaría y amenazó a los agentes presentes.

Como resultado, el tribunal decidió su prisión provisional. Al enterarse de esta medida, el acusado insultó a la jueza y provocó daños en la sala de declaraciones.

La Fiscalía ha presentado cargos por cinco delitos de injurias graves dirigidos a miembros de la autoridad judicial, cada uno en el ejercicio de sus funciones, que incluye a jueces de distintas instancias y a una fiscal. Además, enfrenta seis delitos de amenazas continuadas y otros tantos de acoso hacia cinco abogados y un agente de policía, así como un delito leve de lesiones, resistencia a la autoridad y un delito continuado de daños.

Por todas estas acusaciones, el ministerio público solicita que se impongan penas que sumen un total de 25 años de prisión, junto con multas que alcanzan los 12.600 euros, además de una prohibición de acercamiento o comunicación con las partes afectadas por un periodo de cinco años.