La problemática de la vivienda se erige como una de las principales inquietudes de la ciudadanía al comienzo de este nuevo año, impulsando a las administraciones a implementar estrategias que faciliten el acceso a viviendas protegidas y controlen los precios del mercado. Las acciones gubernamentales están orientadas a crear un entorno más accesible para todos, aunque las realidades del sector inmobiliario cuentan otra historia.

En la actualidad, A Coruña se encuentra bajo la mirada atento de los agentes inmobiliarios, quienes han señalado que, a pesar del estado de "mercado tensionado" que afecta a la ciudad, los precios han mostrado cierta estabilidad, aunque, a su vez, se ha registrado una notable disminución en la oferta de alquileres disponibles. Esta situación ha creado un clima de incertidumbre entre los potenciales inquilinos y propietarios.

El debate sobre la efectividad de la declaración de mercado tensionado está en pleno auge, no solo en A Coruña, sino que también se extiende a Vigo, donde se están analizando posibles medidas, y a Santiago, que sigue a la espera de una resolución por parte de la Xunta, que ha cuestionado la validez de la documentación presentada por el ayuntamiento local.

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, ha defendido la positividad de la medida, indicando que los precios han experimentado una ligera baja. Sin embargo, sus afirmaciones contrastan con la postura de la Xunta, que cuestiona la eficacia de estas declaraciones y sugiere que no constituyen una solución viable a largo plazo.

Heriberto García, secretario xeral de Vivenda e Urbanismo, remarcó que, aunque los precios han disminuido en un leve 0,4%, se ha observado una pérdida significativa de propiedades en el mercado de alquiler, ya que más del 50% de los contratos de arrendamiento de este año han desaparecido en comparación con el año anterior.

Desde la óptica de la Xunta, el enfoque se centra en ofrecer garantías legales a los propietarios como una forma de incentivar el alquiler de viviendas y aumentar la oferta tanto de viviendas protegidas como libres. Estas estrategias están diseñadas para garantizar una regulación efectiva en el mercado y contención de los precios, según argumentan las autoridades.

Por su parte, desde la Asociación Gallega de Inmobiliarias (Agalin), su presidenta ha hecho alusión a datos del Observatorio da Vivenda de Galicia, indicando que en los cuatro meses posteriores a la declaración, la cantidad de nuevos contratos de alquiler en A Coruña se ha reducido en un 38%. Esta tendencia refleja una actividad decreciente en el sector, con muchos propietarios optando por vender o alquilar sus propiedades de forma temporal al finalizar sus contratos.

A pesar de la incertidumbre, hay una alta demanda de alquileres, lo que dificulta la valoración precisa de la oferta disponible, ya que muchos inmuebles se alquilan tan rápidamente que apenas llegan al mercado. La presidenta de Agalin indica que, aunque se ha registrado una contención de precios, la disminución en la oferta ha sido significativa.

Contrastando la situación de A Coruña con las de Santiago y Vigo, se han observado dinámicas diferentes; Santiago ha experimentado un aumento en la oferta disponible, aunque la cantidad de viviendas asequibles se ha visto comprometida. En Vigo, a pesar de una estabilización leve en el número de propiedades en alquiler, los precios han aumentado, con una clara mayoría de arrendamientos por encima de los 900 euros.

Las administraciones locales están tomando medidas para abordar estas preocupaciones. En Vigo, se ha instaurado un Observatorio de la Vivienda en colaboración con la Universidad de Vigo para analizar la situación y sugerir soluciones. Asimismo, se ha asignado un fondo de once millones para mejorar el acceso a viviendas y se han creado iniciativas para construir y adquirir propiedades destinadas a uso público.

En A Coruña, la colaboración interinstitucional es clave para avanzar en la promoción de viviendas destinadas a colectivos con mayores dificultades. Mientras tanto, en Santiago se ha decidido renovar la solicitud para la declaración de mercado residencial tensionado, después de que la Xunta considerara insuficiente la documentación anterior. Este proceso se ha intensificado, y el ayuntamiento ya ha convocado una reunión para el 12 de enero con el fin de presentar nuevos datos y propuestas, con el objetivo de resolver la situación actual en el sector de la vivienda.