LUGO/MADRID, 12 de junio.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha revelado que los contratos de obras públicas bajo investigación en el Tribunal Supremo, en relación con el denominado 'caso Koldo', fueron asignados a las empresas constructoras Acciona, Obras Públicas y Regadíos (OPR) y Levantina Ingeniería y Construcción (LIC). Estos proyectos abarcan diversas comunidades autónomas, incluyendo Andalucía, Asturias, Cataluña, Galicia, La Rioja, Región de Murcia y Teruel.

En el ámbito gallego, se encuentra la licitación de ADIF para realizar trabajos de mantenimiento en puentes, túneles y explanaciones a lo largo del tramo Monforte-Lugo de la línea 800. Esta concesión fue otorgada en agosto de 2021 a la UTE Monforte 379, que incluía a OPR.

Tras un incidente en el que un talud colapsó, un representante de OPR se comunicó con Koldo para informarle sobre la necesidad de elaborar un expediente de emergencia para reparar el daño, aprovechando el momento también para solicitar que dicho proyecto fuera adjudicado a su empresa. Finalmente, se otorgó el contrato por 1,4 millones de euros a la UTE en cuestión.

El año pasado, la agencia Europa Press hizo eco de un informe de la UCO que señalaba que Koldo había intentado concertar una reunión con el entonces presidente de ADIF, Ángel Contreras, en relación con la adjudicación de un proyecto en un trayecto entre Monforte y Lugo.

La UCO, en sus declaraciones, afirmaba que Koldo García, exasesor de José Luis Ábalos, tenía el propósito de reunirse con el ahora ex presidente de ADIF, porque el empresario Daniel Fernández le había solicitado que utilizara su influencia en favor de la adjudicación de un nuevo contrato vinculado a un proyecto previamente concedido. Específicamente, se refería a trabajos en la infraestructura del mencionado trayecto.

Los investigadores no indicaban en su informe si finalmente Koldo y Contreras lograron encontrarse. Sin embargo, se mencionaba que Koldo había buscado reunirse con Contreras el 21 de febrero de 2024. En esa misma jornada, él se reunió con Antonio Fernández, hermano del empresario, para discutir aspectos relacionados con la adjudicación de un contrato de emergencia.

El Partido Popular ha expresado su preocupación tras conocer que el informe de la UCO menciona la posible adjudicación irregular por parte de ADIF en el tramo entre Monforte y Lugo.

Katy Varela, portavoz municipal del PP en Monforte, declaró que “estas informaciones perjudican seriamente la imagen” del municipio. Aunque subrayó que no se ha encontrado el nombre del alcalde en dichos documentos, manifestó su inquietud ante la aparición de nombres cercanos a él, como la pregonera de las últimas fiestas, Isabel Pardo de Vera, o el secretario Santos Cerdán, quien recientemente había estado con el alcalde en la ciudad.

Las obras que están bajo el escrutinio forman parte de un extenso informe de 490 páginas, al que ha tenido acceso Europa Press, que llevó al juez Leopoldo Puente a autorizar registros en la vivienda del exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y en varias empresas. También están implicadas comunidades como Andalucía, Asturias, Cataluña, La Rioja, Región de Murcia y Teruel.

Dicho informe incluye un análisis de grabaciones realizadas por Koldo García entre 2019 y 2023, que han sido encontradas en sus dispositivos electrónicos.

En las conversaciones, en las que participan Koldo, Ábalos y el hasta ayer secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, se puede notar que discutían acerca de presuntas contraprestaciones económicas que se habrían acumulado tras la asignación de obras públicas, principalmente a la empresa Acciona SA, y de manera particular a través de su filial Acciona Construcción SA.