OURENSE, 27 de noviembre.

La primera jornada del juicio contra un camionero ha tenido lugar en el Juzgado de lo Penal 2 de Ourense, donde la Fiscalía ha pedido una condena de dos años y medio de prisión y tres años sin poder conducir. Este juicio se centra en un trágico accidente ocurrido en San Cibrao das Viñas en 2023, que resultó en la muerte de un conductor de furgoneta y dejó graves lesiones a dos agentes de la Guardia Civil.

El procesado, quien se enfrenta a acusaciones de homicidio por imprudencia y lesiones, se ha negado a declarar. Durante esta primera audiencia, los investigadores apuntaron a la falta de atención del camionero como la principal causa del siniestro. El juicio continuará este viernes.

Según el informe de la Fiscalía, el incidente tuvo lugar el 9 de febrero de 2023, cuando el imputado conducía un camión con remolque por la carretera OU-525. A las 12:21 horas, se alega que el camionero circulaba a una velocidad inadecuada para las condiciones de la vía y no estaba prestando la debida atención, lo que le llevó a invadir el carril contrario, donde se encontraba un vehículo con dos guardias civiles, obligándolos a salirse a la cuneta para evitar el choque.

El camión continuó su trayectoria y colisionó con una furgoneta, causando la muerte de su conductor, un hombre de 58 años.

El conductor de la patrulla, tras el impacto, fue trasladado inicialmente al Complexo Hospitalario Universitario de Ourense y luego al Instituto Guttmann en Barcelona, siendo sometido a múltiples cirugías y finalmente declarado incapaz para sus labores laborales antes de recibir el alta.

La esposa del agente, quien se encontraba en estado de gestación durante el incidente, declaró en el juicio que su esposo ahora depende completamente de otros para realizar sus actividades diarias, encontrándose en un estado crítico que requiere terapia continua para evitar el deterioro de su condición.

También testificó un agente que iba de copiloto, quien mencionó que durante el viaje revisaba su teléfono móvil cuando su compañero alertó sobre la presencia del camión, poco antes de que ocurriera el accidente. Fue un comentario breve seguido de una maniobra para evitar la colisión, que desafortunadamente no fue suficiente.

Además, tres miembros de la Guardia Civil aportaron su percepción del suceso. Afirmaron que el acusado mantenía una distancia peligrosamente cercana al borde de su carril y que sus maniobras evasivas no fueron efectivas, lo que llevó a la invasión del carril contrario.

El camión, que era bastante voluminoso –con 12,20 metros de longitud y una carga de más de 41.000 kilos–, y su velocidad fueron temas de debate. Los agentes consideraron que el acusado debió haber notado el peligro en la carretera y opinaron que no estaba adecuadamente ajustada la velocidad dada la carga que transportaba.

Un funcionario que analizó el tacógrafo indicó que el camión aumentó su velocidad bruscamente, alcanzando los 85 kilómetros por hora en un corto periodo de tiempo. Después de ello, experimentó una desaceleración repentina justo antes del impacto, teniendo en cuenta que hay un margen de error en la medición de velocidad de 6 km/h.

Por otro lado, expertos aportados por la defensa afirmaron que también podrían haber disparado un margen de error en la medición de esta velocidad, sugiriendo que la velocidad del camión era potencialmente inferior al reportado debido a una posible imprecisión en la recolección de datos de la escena del accidente.

Un testigo que seguía al camión afirmó que notó una explosión y humo blanco saliendo de la parte delantera, atribuyéndolo a un reventón. No obstante, un perito desmintió esta afirmación, señalando que los daños en las llantas eran coherentes con el impacto y que no había signos de un reventón previo.

El Ministerio Fiscal también ha exigido el pago de una indemnización de 3,4 millones de euros al agente de la Guardia Civil que sufrió lesiones en el accidente, así como 37.368 euros para el copiloto. La acusación ha solicitado una pena mayor de tres años y cuatro meses de cárcel, junto con la restricción para conducir por cuatro años y una indemnización de 4 millones de euros al conductor de la patrulla accidentada.