VIGO, 15 de febrero.

Este lunes se inicia en la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, ubicada en Vigo, un juicio que involucra a once individuos acusados de contrabando de embarcaciones prohibidas. Las acusaciones giran en torno a la presunta fabricación y comercialización de 'narcolanchas' en la zona de Vigo y el norte de Portugal, lo que podría acarrear penas de entre dos y nueve años de prisión para los implicados.

El proceso judicial se había anticipado con una vista previa el 2 de febrero, donde las defensas desafiaron tanto la competencia del tribunal como la validez de las pruebas recogidas durante las investigaciones, las cuales incluyen registros, escuchas telefónicas y el seguimiento de embarcaciones.

El juicio comenzará hoy, a menos que el tribunal acceda a la solicitud de los abogados de suspender el mismo por cuestiones de competencia. En esta jornada inicial se escucharán las declaraciones de testigos, mientras que los acusados tendrán la oportunidad de declarar al final del proceso.

La Fiscalía ha desestimado las objeciones de las defensas y sostiene que los once acusados, junto con una empresa de transportes de O Porriño, formaban una organización "empresarial, personal y material" activa entre septiembre de 2020 y junio de 2022. Su objetivo era la construcción de lanchas semirrígidas de alta velocidad que, según la acusación, estaban diseñadas para ser utilizadas en actividades de narcotráfico.

Los cargos incluyen contrabando de embarcaciones prohibidas, realizados a través de diversas personas, entidades y organizaciones. Además, uno de los acusados enfrenta cargos adicionales por tenencia ilícita de armas y un delito contra la salud pública, dado que en una inspección en su casa se le encontraron casi 300 gramos de hachís y una pistola detonadora semiautomática en su oficina de empresa.

Las investigaciones revelaron que se fabricaron al menos 19 'narcolanchas', de las cuales se ha probado que estuvieron involucradas en operaciones de tráfico de hachís en el sur de la Península Ibérica.

Como consecuencia de estos hechos, la Fiscalía ha solicitado sanciones que oscilan entre los dos y nueve años de cárcel, además de multas que en total superan los 80 millones de euros. En el caso de la empresa implicada, se propone una multa de 14 millones de euros, así como la prohibición de acceder a ayudas o beneficios fiscales durante dos años, junto con un año y tres meses de suspensión para llevar a cabo actividades de importación y comercialización de embarcaciones neumáticas y semirrígidas.