MADRID, 13 de febrero.

El juez Ismael Moreno, de la Audiencia Nacional, ha decidido llevar a juicio a tres individuos tras el trágico naufragio del pesquero gallego 'Villa de Pitanxo', que resultó en la muerte de 21 personas en febrero de 2022 en aguas canadienses. Los procesados incluyen dos altos cargos de la empresa pesquera y el capitán de la nave.

El magistrado ha hecho un llamamiento a juicio para José Antonio Nores Rodríguez, administrador de Pesquerías Nores Marín, su director de Flota, José Antonio Nores Ortega, y el capitán Juan Enrique Padín, acusándolos de homicidio por imprudencia y también de un delito relacionado con los derechos laborales de los tripulantes.

En su resolución, Moreno ha señalado a la empresa Pesquerías Nores Marín y su compañía de seguros como responsables civiles, lo que implica que deben asumir la responsabilidad económica por las consecuencias del siniestro.

El juez ha detallado una serie de factores que contribuyeron al hundimiento del barco, tales como una sobrecarga incontrolada, la falta de precaución ante condiciones climáticas adversas y la decisión del capitán de no buscar alternativas más seguras en medio de la tormenta.

Asimismo, el magistrado ha indicado que el capitán tardó en dar la orden de abandono, lo que redujo las opciones de los tripulantes para salvarse. Cuando la orden fue finalmente emitida, la situación ya era crítica, disminuyendo notablemente las posibilidades de supervivencia.

Un aspecto relevante del informe es la única escalera de acceso a las balsas salvavidas, que resultó inaccesible en el momento del abandono. Esto llevó a los tripulantes a intentar salir por otras rutas, complicando aún más la situación.

El juez también ha subrayado que la tripulación carecía de la formación adecuada en procedimientos de evacuación y en el manejo de los riesgos específicos de navegar en aguas frías. Además, recalcó que el 'Villa de Pitanxo' no tenía autorización para operar en áreas propensas a la formación de hielo y que los tripulantes no estaban adecuadamente instruidos sobre los peligros de la hipotermia.

De las 21 víctimas fatales, se ha reportado que 12 continúan desaparecidas, mientras que las restantes fallecieron debido a ahogamiento o hipotermia. Algunos tripulantes, incluidos el capitán, fueron rescatados con vida en una de las balsas salvavidas.

El juez también señaló que los trajes de inmersión utilizados por la tripulación podían no haber cumplido con los estándares, lo que podría haber afectado su eficacia en un momento crítico.

A esto se añade que el estado físico de los tripulantes no era el óptimo, ya que el capitán había informado previamente sobre varios casos de COVID-19 a bordo.

La corte ha otorgado un período de diez días a la Fiscalía y a las partes acusadoras para presentar sus respectivos escritos de acusación, ya sea para promover la apertura del juicio o pedir el archivo del caso.

La decisión del juez viene tras el informe final de la Fiscalía sobre el hundimiento, que apunta al capitán y a los responsables de Pesquerías Nores Marín por permitir que la embarcación operara en condiciones inseguros, desatendiendo medidas de seguridad vitales.

La Fiscalía sostiene que los responsables tenían el deber de garantizar el bienestar de la tripulación y que incumplieron gravemente este deber, lo que conducía a un desenlace trágico.

Particularmente, la Fiscalía ha enfatizado que el 'Villa de Pitanxo' estaba sobrecargado debido a tanques de combustible instalados sin la debida autorización, lo que constituía una clara infracción a la normativa de estabilidad de los barcos.

Este exceso de carga habría mermado las posibilidades de supervivencia en casos de inundación, además de afectar el tiempo de respuesta ante condiciones adversas.

Finalmente, se ha señalado que el capitán no cumplió con sus responsabilidades, fallando en su deber de prever las condiciones adversas y no evaluando correctamente la situación crítica que llevó al hundimiento de la embarcación.

La responsabilidad de los armadores también ha sido cuestionada, debido a su incumplimiento en lo que respecta a la salud y seguridad laboral, en particular por no establecer rutas de evacuación adecuadas y no cumplir con las especificaciones de seguridad necesarias.