El 20% de los mucho más de 95.000 ilegales penales registrados en la Comunidad el año pasado fueron estafas telemáticas

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 Mar.

Galicia registró en todo el año 2022 un total de 95.048 infracciones penales, un 7,7% mucho más que en 2021. No obstante, cerró el último período de tres meses del año como tercera red social autónoma mucho más segura de España, con una media de 35,3 ilegales por cada 1.000 pobladores.

Así lo recogen las estadísticas del Ministerio del Interior fabricadas públicas este viernes y agarradas por Europa Press, que reflejan que, en comparación a la tasa estatal (48,8 delitos por cada 1.000 pobladores), la Comunidad gallega está 13 puntos abajo. una optimización de la media de delitos por cada 1.000 pobladores en todo el año.

En términos absolutos, este cómputo de 2022 señala que, en Galicia, se conocieron entre enero y diciembre 95.048 infracciones penales, que son mucho más que las 88.255 de 2021 y que las 80.024 de 2019 --los datos de 2020 no son equiparables al verse perturbados por el confinamiento derivado de la pandemia--.

De los mucho más de 95.000 ilegales registrados en la Comunidad gallega el año pasado, un nutrido conjunto de 25.981 fueron estafas. De estas, 18.547 --un 20% del total de delitos-- fueron realizados por medios telemáticos.

Si se observan los datos por provincias, en todas y cada una ellas han incrementado las infracciones en 2022 respecto al 2021: en A Coruña se contabilizaron 42.729 ( 5,6%); en Pontevedra 34.652 ( 11,3%); en Ourense 9.392 ( 8,8%); y en Lugo 8.275 ( 3%).

En proporción a la población, la provincia de A Coruña es la que registra la tasa mucho más alta con 38,2 delitos por cada 1.000 pobladores, seguida de Pontevedra con 36,7, de Ourense con 30,9 y de Lugo con 25,5.

En paralelo, la Delegación del Gobierno resalta que Galicia alcanzó en 2022 el mayor número de efectivos de Policía Nacional y de Guardia Civil de su crónica, al llegar a los 8.756 agentes de los dos cuerpos.

Esta cifra es un 6,4% mayor a la del año previo y es reflejo del "impulso decidido del Gobierno de Pedro Sánchez para recobrar unas plantillas perjudicadas por años de recortes presupuestarios y de sepa de reposiciones correctas", destaca la Delegación.