La exconselleira de Sanidade, María José Rubio, ha expresado su fuerte desacuerdo con el modelo de concesión adoptado por el Partido Popular para la construcción del hospital Álvaro Cunqueiro, argumentando que este enfoque limita gravemente el desarrollo y adaptación del centro. Durante su intervención en el Parlamento gallego, Rubio subrayó que el hecho de tener que "negociar" las obras con la concesionaria constriñe la capacidad de respuesta de una infraestructura crítica en constante evolución.

En su testimonio, la exconselleira, quien ocupó el cargo entre 2005 y 2009, remarcó que el trabajo realizado por el bipartito bajo la presidencia socialista de Emilio Pérez Touriño fue fundamental para alcanzar el nivel actual del hospital en Vigo, que cuenta con 950 camas. Destacó que la Xunta de Touriño presentó el proyecto al público, estableciendo claramente el número de camas y quirófanos, lo que influyó en las decisiones posteriores del gobierno de Alberto Núñez Feijóo desde 2009.

Rubio relató que, al asumir la Consellería en 2005, encontró un escenario complicado, heredando de la administración de Manuel Fraga una deuda de más de 400 millones de euros y un proyecto para construir un cuarto hospital en Vigo, en la localidad de Beade. Este contexto, según su declaración, sentó las bases para las decisiones que eventualmente se tomarían respecto al Álvaro Cunqueiro.

La exconselleira no escatimó en sus críticas hacia el modelo concesional elegido por la Xunta bajo la dirección de Feijóo, señalando que un estudio del Consello de Contas había determinado que este modelo implicaba un desembolso adicional de 470 millones de euros en comparación con el método tradicional de licitación de obras y servicios de forma separada. Esto plantea cuestionamientos significativos sobre la efectividad y la eficiencia de la decisión gubernamental.

Rubio enfatizó que uno de los principales inconvenientes de este esquema de concesión es que la Xunta no es propietaria del hospital durante 20 años. Actualmente, la Xunta está obligada a pagar un canon a la empresa concesionaria hasta 2035, lo que significa que la infraestructura no revertirá al dominio público por el momento. Este hecho genera una preocupación legítima sobre la autonomía del sistema sanitario gallego y su capacidad para adaptarse a las necesidades de la población.

Además, destacó que cualquier reforma necesaria en el hospital debe ser negociada con la concesionaria, lo cual es problemático dado que los hospitales requieren actualizaciones constantes para cumplir con los avances tecnológicos y las crecientes demandas de atención médica. Según Rubio, este modelo público-privado limita severamente el desarrollo de especialidades y de los profesionales sanitarios.

Rubio fue la segunda conselleira del gobierno de Touriño en comparecer ante la comisión investigadora, después de que lo hiciera María José Caride, la exconselleira de Obras Públicas. Ambas coincidieron en que, a pesar de que se habían encargado informes a consultorías como Price Waterhouse Coopers (PWC) y Garrigues para evaluar diversas opciones financieras y legales para la construcción del nuevo hospital, el bipartito decidió que la mejor opción era llevarlo a cabo a través de la Sociedade Pública de Investimentos (SPI), bajo la tutela de la propia Xunta.

Durante la sesión, se remarcó que en febrero de 2009, justo antes de las elecciones en las que el PP de Feijóo logró la mayoría absoluta, el Consello de la Xunta había aprobado un plan de financiación que destinaba 420 millones de euros tanto al hospital de Vigo como al de Pontevedra. Rubio insistió en que la única decisión verificada y documentada era la que había sido ratificada por el Consello de la Xunta, defendiendo que de haberse continuado con su mandato, se habrían ejecutado esos proyectos.

Por parte de los grupos políticos presentes, la diputada del BNG, Montse Prado, agradeció a Rubio su intervención, argumentando que su testimonio era esencial para desmentir una "mentira continuada en el tiempo" sostenida por el PP. Prado consideró que la creación de una sociedad público-privada había sido simplemente un ejercicio de valoración de opciones y no un argumento legítimo para la defensa del modelo de concesión.

No muy lejos de esa postura, Elena Espinosa, del PSdeG, también se pronunció, señalando que el gobierno de Touriño había heredado una "herencia envenenada" de la administración de Fraga, que contemplaba la construcción de un cuarto hospital en lugar del centro de referencia actual. Espinosa denunció las "irregularidades" evidenciadas por el informe del Consello de Contas, que señalaba el sobresueldo de 470 millones de euros como un incumplimiento de los análisis financieros previos al modelo de concesión.

Desde el bando del PP, el diputado Roberto Rodríguez reconoció la "voluntad inmediata" del bipartito para resolver la situación del área sanitaria de Vigo, mencionando el estado deficiente del Hospital Xeral. Sin embargo, cuestionó por qué no se inició la construcción del nuevo hospital durante los cuatro años de gobierno de Touriño. En defensa de su postura, Rodríguez argumentó que realizar la obra a través de la SPI habría impactado negativamente en la deuda pública en un momento de crisis económica.

En respuesta a los comentarios de los populares, Rubio criticó las "suposiciones" y "elucubraciones" de los miembros del PP en relación a lo que habría hecho el bipartito de haber continuado en el poder. Afirmó que la insistencia en que el bipartito hubiese tomado una decisión similar a la del gobierno de Feijóo, optando por el modelo de colaboración público-privada, parece ser solo un intento de justificar la elección realizada por el actual gobierno.

Además, rechazó los argumentos de que las restricciones financieras impuestas por Europa y el Gobierno central dificultaran la realización del proyecto a través de la SPI, recordando que el artículo 135 de la Constitución, que garantiza la estabilidad en las cuentas públicas, no había sido modificado en 2011. En este sentido, Rubio también subrayó que en el año 2012, bajo el mandato del PP de Mariano Rajoy, los Presupuestos Generales del Estado permitían mantener inversiones en proyectos ya en marcha mediante empresas públicas, como sería el caso del Álvaro Cunqueiro gestionado a través de la SPI.

Finalmente, la exconselleira de Sanidade se jactó de su gestión durante esos cuatro años, destacando que el presupuesto del Sergas había experimentado un incremento cercano al 40 por ciento. Además, resaltó que se lograron sanear las cuentas y eliminar fundaciones hospitalarias que estaban en “quiebra técnica”, lo que pone de relieve la capacidad de gestión y el compromiso de su gobierno en el ámbito de la sanidad pública gallega.