La Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) ha presentado un borrador de ponencia de autonomía y competencias locales en su XI Asemblea Xeral. El objetivo de este borrador es otorgar más peso a la entidad en la elaboración de leyes que tengan un impacto en los ayuntamientos.
La ponencia expone la necesidad de que el municipalismo tenga participación en la elaboración de textos normativos, más allá de simplemente ser consultados durante el proceso. También propone la participación del municipalismo en los procesos parlamentarios que les afecten, incluso de manera institucionalizada.
En concreto, el documento propone la creación de un organismo permanente paritario, como ya existe en otras comunidades, cuya finalidad sea garantizar el respeto a la autonomía y competencias locales. Este organismo canalizaría la colaboración y cooperación entre la Xunta y los ayuntamientos en áreas de competencia compartida.
La ponencia también plantea potenciar las funciones de la Comisión Galega de Cooperación Local, convocándola periódicamente y antes de la aprobación de los presupuestos o de normas reguladoras del régimen local.
Otra solicitud de la Fegamp es la modificación de leyes para eliminar la exigencia de informes previos de otras administraciones a los ayuntamientos para ejercer competencias distintas a las propias.
La propuesta también busca que las entidades locales participen en los procesos de elaboración de leyes que afecten directamente a sus competencias e incluso propone la creación de una subcomisión de entidades locales dentro del Parlamento gallego.
Otra petición de la Fegamp es que se modifique el régimen de audiencia de las asociaciones de municipios y provincias para que sea obligatorio y se extienda el plazo mínimo para la emisión de informes a 15 días.
En cuanto a la capacidad legislativa, se pide que los ayuntamientos puedan tener iniciativa legislativa popular en asuntos de su competencia o interés.
La Fegamp también insta a dar cumplimiento a acuerdos pendientes del Pacto Local de 2006 y otros relacionados con la transferencia de unidades de atención a drogodependientes o la cesión de espacios portuarios a los ayuntamientos.
Por último, en cuanto a las competencias, se solicita que la normativa de atribución de competencias a los ayuntamientos se lleve a cabo siguiendo los principios de gestión, proximidad y subsidiariedad, y previa elaboración de una memoria económica.