**SANTIAGO DE COMPOSTELA, 6 de enero.** La Fiscalía, responsable de vigilar el estado de las residencias, llevó a cabo inspecciones en un total de 143 centros durante el año 2024, lo que representa un incremento notable de 45 establecimientos en comparación con el año anterior. Estas visitas, mayormente de índole jurídica, se centran en el análisis del funcionamiento interno de las residencias, aunque también se realizan inspecciones en circunstancias inusuales.

Este aumento en el número de inspecciones se atribuye no solo a una planificación regular, sino también a situaciones "extraordinarias" que pueden surgir por diversas razones, como quejas formales, noticias en medios de comunicación o la falta de respuesta a solicitudes de documentación. En una entrevista con Europa Press, el fiscal delegado en Galicia para personas mayores y discapacitados, Santiago Miguel Cruces, explicó que cada vez que hay anomalías, la Fiscalía se ve obligada a investigar a fondo.

Los factores que pueden desencadenar una inspección son diversos: desde comentarios recogidos por funcionarios hasta situaciones críticas en residencias administradas por entidades religiosas. Sin embargo, más allá de estos casos excepcionales, Cruces puntualiza que las inspecciones "ordinarias" deberían realizarse anualmente, aunque la realidad demuestra que la carga laboral dificulta esto. El objetivo fundamental es visitar nuevas residencias para establecer un primer contacto y recopilar información valiosa.

Las inspecciones que lleva a cabo la Fiscalía se enfocan principalmente en el rigor del régimen interno de cada residencia. Esto implica garantizar que los residentes tengan libertad de movimiento y que sus familiares puedan acceder al lugar, así como verificar las medidas de contención que pudieran estar en uso. "No soy un experto en gastronomía", comenta Cruces, "pero si hay una queja sobre la comida, definitivamente me daré el tiempo para comprobar las instalaciones, aunque si todo parece estar en orden, no abriré la nevera sin motivo suficiente".

La atención mediática hacia las residencias ha aumentado recientemente debido a los cierres de viviendas comunitarias en Xinzo de Limia y Amoeiro, en Ourense. En este contexto, aunque la Fiscalía inició diligencias, la inspección fue realizada por la Xunta, dado que las viviendas comunitarias están destinadas a personas sin discapacidad y, por ende, su control por parte de la Fiscalía es más limitado. Cruces, quien coordina en Pontevedra, indica que apenas recordaban 3 o 4 casos relevantes en los últimos años.

El fiscal aclara que no existe un vínculo directo entre los recientes cierres de Xinzo y Amoeiro y el incremento en las inspecciones sobre residencias en el último trimestre del año, un fenómeno que se repite cada año. “Siempre se elabora un plan de visitas, pero luego surgen imprevistos como juicios, lo que provoca que a finales de año se concentren más visitas”, agrega.

El número de quejas sobre las residencias es complicado de evaluar, ya que llegan de diversas maneras y se gestionan de forma diferente. La mayoría proviene de familiares, quienes manifiestan preocupaciones relacionadas con la atención al personal, que frecuentemente se encuentra sobrecargado. “Las ratio se cumplen, pero los familiares sienten que la atención no es la adecuada”, concluye. Además, otros testimonios provienen de empleados que evidencian deficiencias en el trato y la asistencia a los residentes.

Finalmente, el fiscal destaca la importancia de la percepción social: "Los fiscales somos parte de la comunidad. Leemos las noticias y estamos al tanto de lo que sucede. Cualquier indicio que captemos nos lleva a actuar inmediatamente”, reflexiona. Este compromiso con la sociedad resalta la necesidad de mantener un control riguroso y efectivo en las residencias para garantizar el bienestar de sus residentes.