La justicia confirma acoso del alcalde de Ourense al interventor y declara nulo su cese.
El juzgado de lo social número 1 de Ourense ha dictaminado que el despido del interventor del Ayuntamiento de Ourense, Gonzalo Alonso, es inválido y ha confirmado los alegatos de "acoso" por parte del alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, hacia este funcionario.
El juzgado ha aceptado la demanda presentada por el interventor contra el alcalde de Democracia Ourensana y, consecuentemente, contra la administración local.
El magistrado ha determinado que la conducta del alcalde "constituye acoso laboral" y ha anulado todas las acciones tomadas, incluido el expediente de despido del funcionario, quien recupera su puesto.
Esta semana, el Ayuntamiento anunció que el interventor volvería a su trabajo, pero cumpliendo con una resolución judicial de finales de mayo que suspendió el despido hasta que haya una sentencia definitiva.
Según la resolución del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, el alcalde deberá indemnizar al funcionario con 30.000 euros y reinstalarlo de inmediato en su puesto debido a su conducta constitutiva de acoso laboral.
El juez ha confirmado que el alcalde inició una campaña para difamar al interventor después de que este presentara un informe en una sesión plenaria en 2023, con el objetivo de justificar su despido ante la opinión pública.
La sentencia indica que el despido se llevó a cabo a pesar de un informe del Ministerio de Hacienda que se oponía a ello, lo que muestra una actuación desproporcionada por parte del alcalde.
El magistrado señala que el alcalde confundió su posición de autoridad con su rol político al acosar al funcionario, lo cual no tiene justificación en el ejercicio de la libertad de expresión.
El juez concluye que el cese del interventor fue ilegal al ser dictado por un órgano incompetente, y responsabiliza al ayuntamiento por no actuar para prevenir el acoso hacia el funcionario a pesar de las pruebas suficientes que indicaban su existencia.
La sentencia aún puede ser apelada ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, pero deja claro que se ha causado daño a la salud del demandante y que se han violado sus derechos laborales de manera injusta.