La actividad de la institución de la Valedora do Pobo se ha incrementado notablemente en el año 2022, con el doble de quejas recibidas y cinco veces más resoluciones emitidas en comparación con el año anterior, según ha informado la titular María Dolores Fernández Galiño.

En una rueda de prensa celebrada en Santiago, la valedora ha destacado la necesidad de reforzar la atención hacia las personas mayores, considerando que son el colectivo más afectado por la pandemia de covid-19. Fernández Galiño ha señalado que es fundamental velar por sus derechos a través de medidas que corrijan la brecha digital.

El informe presentado revela que se ha producido un aumento estructural y paulatino de las quejas recibidas en los últimos cuatro años, pasando de 2.276 en 2019 a 4.634 en 2022. Asimismo, las resoluciones emitidas por la institución también se han multiplicado por cinco en el mismo período, alcanzando las 503 en el pasado año en comparación con las 95 de 2019.

La colaboración de las administraciones ha sido fundamental para este incremento de la actividad, ya que es necesario recibir la respuesta de la entidad apelada para que el Valedor pueda concluir el asunto, según ha destacado Fernández Galiño.

El informe también muestra que se han gestionado un total de 3.958 asuntos en el último ejercicio completo, con una media de 330 ingresos al mes. Además, los expedientes atendidos se han duplicado en comparación con 2021, pasando de 10.736 a 16.143. Por otro lado, se han iniciado más de 6.000 actuaciones desde el Valedor, alcanzando las 25.551 en 2022, frente a las 19.544 de 2021.

La Xunta de Galicia, especialmente la Consellería de Sanidade, ha sido la administración más implicada en los asuntos tratados por la institución. Sin embargo, se ha observado una disminución en los expedientes y quejas relacionadas con los efectos de la pandemia.

En cuanto a las áreas temáticas, el 17% de los asuntos estuvieron relacionados con la salud, mientras que el 11% se dirigieron a entidades locales y servicios municipales. Además, uno de cada diez asuntos tratados estuvieron relacionados con la inclusión social, el empleo público y el trabajo.

El informe también destaca la apertura de 91 actuaciones de oficio, siendo la mitad de ellas relacionadas con la inclusión social. Otros asuntos abordados incluyeron medio ambiente, vivienda y desahucios, igualdad y sanidad.

En su comparecencia, Fernández Galiño ha enfatizado la importancia de que las instituciones y administraciones respondan con más derechos humanos ante la situación de "crisis permanente" que percibe a nivel social. Según la valedora, los poderes públicos deben garantizar la lucha contra la discriminación, la promoción de la igualdad y la protección de los colectivos más vulnerables.

Uno de los aspectos destacados por Fernández Galiño ha sido la situación de los derechos de las personas mayores, considerando que están amenazados por la brecha digital. La valedora ha subrayado que la atención telemática debe ser un derecho y no una obligación, y ha señalado varios asuntos relacionados con los derechos de las personas mayores, como la soledad, la atención a la dependencia y los desahucios.

Otro tema resaltado en el informe es la igualdad de género, en el que se abrieron dos actuaciones de oficio relacionadas con los feminicidios de Jéssica Méndez y Cristina Cabo. Fernández Galiño ha solicitado una modificación del código penal para que se reconozcan estos casos como violencia de género, además de una mejor tipificación de la violencia económica que sufren las mujeres.

Finalmente, la valedora ha destacado la importancia de los derechos lingüísticos y la colaboración de A Mesa pola Normalización Lingüística. Ha instado a la Xunta a exigir que la documentación de los proyectos de parques eólicos esté disponible en alguna de las lenguas cooficiales.

En cuanto a las proyecciones futuras, Fernández Galiño ha advertido sobre los riesgos para los derechos de la ciudadanía que implica el desarrollo de la inteligencia artificial. Ha llamado a las administraciones a estar vigilantes ante posibles discriminaciones en ámbitos como el reconocimiento facial, la generación de contenido, la delincuencia y la protección de datos.