El próximo primero de enero marcará el inicio de un significativo cambio en la gestión de la dependencia y la discapacidad en Galicia, cuando entre en vigor un plan que busca unificar y simplificar los trámites relacionados con estas áreas. Este proyecto ha sido aprobado recientemente por el Consello de la Xunta y se fijará como plazo máximo de resolución seis meses desde la presentación de las solicitudes, con la expectativa de que esta meta se cumpla ya durante el año 2025.

Alfonso Rueda, presidente de la Xunta, junto con la conselleira de Política Social, Fabiola García, anunciaron esta iniciativa tras la reunión del Consello. García enfatizó la intención de mejorar el acceso a los servicios, aumentar la eficiencia en la gestión y responder a las crecientes necesidades derivadas del envejecimiento de la población gallega, todo ello con el propósito de reducir las listas de espera y acortar los tiempos de respuesta.

La conselleira también especificó que a partir de la implementación del plan, los trámites para las solicitudes de dependencia se centrarán en permitir que los ciudadanos obtengan el servicio correspondiente en un plazo de seis meses tras la presentación de su petición. En particular, se otorgará una valoración preferente a los mayores de 80 años, lo que se traducirá en plazos aún más cortos para este grupo etario.

Un aspecto destacado de esta nueva estrategia es la unificación de los procedimientos de dependencia y discapacidad, lo que permitirá a los solicitantes gestionar ambos aspectos en una sola cita. Además, la burocracia se reducirá significativamente, ya que no será necesario presentar por separado la documentación médica ni los informes sociales. En cambio, la información pertinente se obtendrá automáticamente del Sergas, gracias a un protocolo de colaboración establecido para garantizar una gestión más fluida y eficiente.

Este plan también tiene como objetivo aliviar la carga administrativa que enfrentan los trabajadores sociales, permitiéndoles concentrarse en lo verdaderamente importante: brindar asesoramiento y apoyo a las personas mayores, en lugar de dedicarse a una excesiva tramitación de documentación. García subrayó, además, la necesidad de optimizar la gestión administrativa y fortalecer el papel de los servicios sociales en los municipios, para asegurar una atención más eficaz a la ciudadanía.

Para garantizar la efectividad de las medidas propuestas, la conselleira anunció la implementación de un plan de formación dirigido a los profesionales involucrados en esta área, así como mejoras en la gestión de las citas. A partir de enero, los ciudadanos que tengan la dependencia reconocida y hayan solicitado también la discapacidad recibirán estos beneficios de manera automática. Asimismo, quienes posean la dependencia reconocida y no hayan solicitado la discapacidad podrán resolver su situación de forma inmediata al presentar su solicitud.

García también indicó que el plan de refuerzo, que incluye la contratación de 78 trabajadores, se extenderá hasta 2027, previéndose la creación de cuatro jefaturas de servicio específicamente para el área de discapacidad, además de la implementación de un plan de productividad que ofrezca incentivos económicos al personal.

A pesar de los avances, la conselleira reconoció que aún existen áreas de mejora y destacó el plan de choque que se puso en marcha hace tres años, cuyo objetivo ha sido reducir las listas de espera y desburocratizar el sistema. Por otro lado, reiteró su petición al Gobierno central para que cumpla con la financiación que legalmente corresponde a la Xunta. A pesar de este requerimiento, García subrayó los logros alcanzados en Galicia, donde se ha multiplicado por cinco el número de personas atendidas en comparación con 2009, así como el incremento en la oferta de plazas públicas en residencias de ancianos.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, también se hizo eco de estas medidas, indicando que todas ellas persiguen el objetivo de optimizar los procesos de valoración de la dependencia y la discapacidad, así como de disminuir los tiempos de espera. Rueda agregó que resulta crucial seguir avanzando, ya que en los últimos dos años y medio ha habido un aumento del 40% en las solicitudes de servicios.

Finalmente, en el ámbito de la Política Social, el Consello aprobó una asignación de 2,2 millones de euros a entidades sociales que desarrollan programas de apoyo para mujeres en situaciones de vulnerabilidad. También se destinarán 12,2 millones para respaldar a los ayuntamientos en sus iniciativas para combatir la violencia de género y fomentar la igualdad. Adicionalmente, se ha establecido un presupuesto de 10,5 millones de euros para el mantenimiento en 2025 de las 'casas nido' y la continuación de la 'tarjeta bienvenida', un programa orientado a incentivar la natalidad en la región.