• domingo 29 de enero del 2023
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La Xunta autoriza el recurso frente al Supremo para intentar frenar la reforma del reglamento de Costas

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Rueda insinúa que el Gobierno no respondió a la solicitud de 18 prórrogas de compañías esperando de que este decreto les cerrara la puerta

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 Oct.

El Gobierno gallego ha autorizado este jueves, en su asamblea semanal, el recurso frente al Tribunal Supremo (TS) frente a la reforma del reglamento estatal de Costas, con el propósito de eludir los efectos negativos que, bajo su criterio, conlleva para dueños particulares y para la industria instalada ya hace "varios años" en el litoral de la Red social.

Así lo ha ratificado el presidente gallego, Alfonso Rueda, en la comparecencia frente a los medios posterior al Consello de la Xunta, donde ha incidido en la iniciativa de que el Gobierno central, con sus últimas resoluciones, busca la expulsión del litoral de presencia popular y actividad económica sin una correcta fundamentación técnica.

Como ejemplo, ha aludido a la supresión de la oportunidad de prórrogas poco comúnes de todas y cada una de las concesiones de ocupaciones económicas. Pero esta modificación, además de esto, establece una duración máxima de 30 años para la ocupación del dominio público marítimo-terrestre (DPMT) y, "como si fuera poco", ha incidido Rueda, procede a la "ampliación" del mismo.

En paralelo al recurso, el presidente volvió a insistir en que dado que la Xunta gestionase las competencias de costas facilitaría una mejor administración y ha lamentado no tener contestación de momento por la parte del Gobierno central, a pesar de que se lo repitió al presidente Pedro Sánchez a lo largo de su acercamiento en La Moncloa. En todo caso, en la línea de remarcar el autogobierno sobre la costa gallega, Rueda ha reiterado que su Ejecutivo trabaja en una Ley autonómica de ordenación del litoral.

En su intervención, asimismo ha facilitado un apunte que la Xunta ha remarcado de manera reiterada en los últimos meses: las resoluciones estatales y la negativa al traspaso de competencias de costas pone "bajo riesgo" a 4.000 edificaciones correspondientes a 82 ayuntamientos, dentro cien compañías de la cadena mar-industria.

Y mucho más allí, ha sugerido que el Ejecutivo que dirige Pedro Sánchez actúa de manera premeditada. Como ejemplo, indicó que compañías solicitaron hasta 18 prórrogas durante los últimos años para su actividad sin recibir "contestación" del Gobierno central, "prueba" --ha interpretado-- de que "se se encontraba aguardando" a que el decreto que altera el reglamento estatal les cerrara la puerta a su demanda.

"Quedan en limbo jurídico y ahora se están generando muchas paralizaciones de actividad", dijo, y ha lamentado que 40 familias de Muros (A Coruña) se hayan "enterado por el Catastro" de que sus características pasaban a ser titularidad del Ministerio para la Transición Ecológica y a ser parte del dominio público marítimo terrestre.

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