El conselleiro de Emprego, José González, ha expresado su desacuerdo con las decisiones que ha tomado el Ministerio de Trabajo en relación a la jornada laboral, enfatizando que tales medidas han sido implementadas sin la consulta adecuada a los representantes de la patronal. González sostiene que el acuerdo reciente, que establece una jornada de 37,5 horas semanales, se ha alcanzado de manera unilateral, lo que podría tener consecuencias negativas para las pequeñas y medianas empresas. Según el conselleiro, esta situación es un claro reflejo del modus operandi del gobierno, caracterizado por imposiciones y una ideología que considera anacrónica.

El conselleiro se pronuncia con firmeza al afirmar que la falta de colaboración y la dinámica de negociación que ha predominado son preocupantes. En sus declaraciones a los medios, critica duramente lo que él denomina un "vodevil", señalando que este tipo de actuaciones solo contribuyen a agravar la percepción que se tiene del actual gobierno, cuyas decisiones son, a su juicio, un reflejo de una ideología desfasada.

Desde una perspectiva que reconoce y respeta los derechos de los trabajadores, González considera que la propuesta de reducción de jornada carece de sentido y demuestra una errónea demonización de la figura del empresario. Para él, es fundamental que toda medida que afecte al empleo y a la economía de las empresas sea abordada con rigor técnico y basándose en un diálogo constructivo.

El conselleiro enfatiza que en lugar de una negociación tripartita que permita abordar los intereses de todos los actores involucrados, se ha producido un espectáculo lamentable que oculta lo que realmente está en juego: la competitividad de las empresas y la calidad del empleo en el país. Esta falta de diálogo es, según su perspectiva, una amenaza para el tejido empresarial y para los trabajadores en general.

Asimismo, González resalta que en Galicia se adoptan enfoques distintos, mencionando como ejemplo la reunión del diálogo social que tuvo lugar el pasado jueves. Expresa su convicción de que todas las medidas deben someterse a una evaluación económica, considerando su posible impacto en el mercado laboral y, sin lugar a dudas, en la competitividad del sector empresarial gallego. A su juicio, es imperativo que exista un acuerdo que contemple la realidad de las empresas y que no se implementen decisiones que vayan en contra del Ministerio de Economía, cuya función principal es garantizar la viabilidad y competitividad del empresariado español.