Crónica Galicia.

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La Xunta de Galicia destinará casi 9.800 millones de euros al gasto social en sus presupuestos para 2024, según datos oficiales del Ministerio de Hacienda.

La Xunta de Galicia destinará casi 9.800 millones de euros al gasto social en sus presupuestos para 2024, según datos oficiales del Ministerio de Hacienda.

Sindicatos piden un plan de choque contra la carestía, otro industrial y el refuerzo de los servicios públicos

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 Oct. - El conselleiro de Facenda e Administración Pública, Miguel Corgos, ha trasladado este martes a las organizaciones sindicales que los presupuestos de 2024 incluirán casi 9.800 millones de euros para gasto social, "el más alto de la historia de Galicia".

A través de un comunicado de prensa emitido después de la reunión, Facenda destaca que la Xunta "reforzará un año más tanto el gasto social tradicional (sanidad, educación y políticas sociales) como el gasto para el fomento del empleo". Y añade que lo hará "tal y como lleva haciendo ejercicio tras ejercicio en los últimos años".

Como es habitual en estas fechas, el titular de la consellería se reunió con representantes de los sindicatos para hablar de las principales líneas de las cuentas del próximo año.

Por su parte, las centrales le han pedido un plan de choque contra la carestía, otro industrial y el refuerzo de los servicios públicos, entre otras cuestiones.

En este marco, también les ha explicado que los presupuestos del próximo año "consolidarán todas las rebajas fiscales aprobadas hasta ahora por el Gobierno gallego" e incluirán además "nuevas bajadas".

Por un lado, el departamento autonómico apunta a la reducción del 8% al 3% en el impuesto de transmisiones de los vehículos de segunda mano y su eliminación en el caso de los eléctricos cualificados de cero emisiones y la bajada del tipo general del ITP (del 9% al 8%) para la compra de vivienda usa.

Preguntado sobre esta reunión antes de participar junto al vicepresidente primero, Diego Calvo, en una reunión con la directiva de la Fegamp, Corgos ha extraído una valoración "positiva" del encuentro con los sindicatos y ha restado importancia a que se haya realizado en víspera de que el Consello de la Xunta apruebe los presupuestos para 2024.

En este sentido, ha defendido que existe "margen de maniobra" y "debate" para incluir sus propuestas durante el período de tramitación de las cuentas en la Cámara autónomica, durante el cual "pueden cambiar las partidas de gasto y los proyectos presupuestarios".

Por parte de los sindicatos, la CIG ha reclamado un plan de choque contra los efectos de la inflación, uno industrial que contribuya a la recuperación y otro de vivienda pública.

Además, ha pedido la creación de empleo "estable y de calidad", el refuerzo de los servicios sociales y el "freno" a su privatización, entre otras cuestiones.

En representación de la CIG asistieron a la reunión la secretaria de organización, Susana Méndez, el secretario confederal de finanzas, Anxo Noceda y la responsable del gabinete técnico de economía, Natividade López.

Algunas cuestiones coincidentes ha demandado UGT, cuyo secretario de organización, José Luis Fernández Celis, ha resaltado que "hacen falta inversiones productivas" para que disminuyan pobreza, precaridad y paro, así como para la recuperación de la industria y el acceso a la vivienda.

En esta línea, también ha abogado por reforzar los srevicios públicos "básicos" y crear "empleo de calidad" también en el ámbito de los cuidados.

Por parte de CC.OO. acudió su secretaria de empleo, Maica Bouza, quien pidió a la Xunta "menos declaraciones y más inversiones". A su juicio, las prioridades deben ser refuerzo de servicios públicos, plan de choque contra la carestía y medidas de apoyo al tejido productivo.

Aprovechando el día para la erradicación de la pobreza, Bouza ha demandado medidas para el casi medio millón de gallegos, según sus números, que viven con menos de 10.000 euros al año, que carecen de ayudas específicas y padecen las consecuencias de la inflación. También atención a la dependencia en una comunidad "muy envejecida" cuyo gasto público por persona sitúa 1.276 euros por debajo de la media española.