SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 de febrero.

En una reciente reunión, el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, subrayó la necesidad de una reestructuración en la financiación local que competen a la Xunta, en el marco de la nueva ley de administración local propuesta. El conselleiro garantizó que todos los municipios gallegos, por un total de 313, recibirán un mínimo de 100.000 euros, sin importar su tamaño poblacional.

Calvo, acompañado por la directora xeral de Administración Local, Natalia Prieto, mantuvo un encuentro este martes con Alberto Varela, presidente de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp). Esta reunión marcó el inicio de un diálogo sobre las pautas de la inminente ley de administración local.

Tras la revisión del anteproyecto en el Consello de la Xunta, este lunes se abrió el periodo de audiencia y consulta pública. Varela evitó entrar en detalles sobre el contenido del documento, señalando que es esencial que la Fegamp lo analice a fondo para poder realizar aportaciones significativas.

Aceptando la importancia del texto para las entidades locales, Varela expresó su deseo de que la Fegamp hubiera tenido una mayor participación en la creación del borrador. Sin embargo, aseguró que el organismo ha recibido la promesa de la Xunta de que dispondrá de tiempo adecuado para presentar las alegaciones pertinentes, además de los 15 días formales establecidos para ello.

El líder de Fegamp se comprometió a trabajar de manera conjunta, aunque enfatizó la necesidad de un análisis riguroso sobre el anteproyecto, destacando que los técnicos están inmersos en su estudio para poder aportar mejoras al documento.

En su intervención, Calvo admitió que en las reuniones sobre el pacto local siempre se discute la urgencia de avanzar en la resolución de diversas cuestiones relacionadas con las competencias. Asimismo, añadió que, aunque los diferentes colectivos han sido consultados durante los últimos dos años, la Fegamp no ha participado en la redacción exhaustiva del texto propuesto.

El conselleiro dejó claro que este es el inicio real del proceso, afirmando que la Xunta, como un gobierno fuerte y cohesionado, debe ofrecer un texto que permita contribuciones. Aseguró que habrá tiempo suficiente para discutirlo antes del verano, ya que el objetivo es enviar el proyecto al Parlamento en junio.

Una vez que el proyecto llegue al Pazo do Hórreo, el conselleiro también subrayó que durante su trámite parlamentario habrá opciones para introducir enmiendas y mejorar el texto. "La participación está asegurada", recalcó con firmeza.

Respecto a la impresión de Varela sobre el borrador, Calvo indicó que en términos generales parece que la mayoría de las partes se sienten representadas. Observó que, aunque cada grupo podrá hacer sus contribuciones específicas después, hay un intento de crear un texto que represente ampliamente a la población gallega.

Entre los aspectos más destacados, la propuesta de ley reformula cómo se gestionará la financiación local desde la Xunta, incorporando criterios como la dispersión geográfica y el envejecimiento, alineándose con las demandas del Gobierno central sobre financiación autonómica.

Calvo enfatizó que se prevé un aumento en los fondos incondicionados, permitiendo a los municipios utilizar esos recursos según sus propias necesidades. Además, se garantizan mínimos de financiación que superarán los 20 millones de euros respecto al sistema actual, asegurando que ningún municipio reciba menos de lo estipulado.

El nuevo Fondo de Cooperación Local consistirá en un Fondo Incondicionado General y un Fondo Incondicionado para Gastos no Homoxéneos, distribuyéndose entre los ayuntamientos y la Fegamp.

El borrador legislativo también establece propuestas específicas para el reparto de fondos, teniendo en cuenta diversos criterios demográficos y territoriales. Los municipios que se definan como en "reto demográfico" deberán cumplir ciertas condiciones, incluyendo una población por debajo de 5.000 habitantes y otros indicadores de despoblación.

Además de identificar a los municipios en riesgo, la ley contempla medidas para mejorar la prestación de servicios en áreas con mayor necesidad. La Xunta subraya que esta iniciativa se adapta a la realidad demográfica de Galicia, donde un alto porcentaje de los ayuntamientos tienen menos de 15.000 habitantes.

Otro aspecto fundamental de la propuesta es el incremento de la participación de los municipios en los tributos, asegurando que este avance será equivalente al crecimiento en los ingresos de la comunidad.

Por último, se busca fortalecer el papel de las diputaciones provinciales, definiendo más claramente sus funciones como garantes de la autonomía local y ofreciendo mayor asistencia a los municipios que enfrentan dificultades en la gestión de servicios.

La norma también apunta a unificar las acciones de las diputaciones para evitar disparidades entre municipios y ponérselas a la par en términos de recursos y apoyo.

En conjunto, la ley pretende modernizar el marco legal local, simplificar trámites administrativos y adaptar la normativa a las nuevas tendencias relacionadas con la digitalización, la transparencia y la cooperación interadministrativa efectiva.