La Xunta de Galicia ha anunciado una ambiciosa estrategia que destinará más de 1 millón de euros en 2025 y un total de 5,7 millones hasta 2028, con el objetivo de incentivar la incorporación de viviendas en desuso al mercado del alquiler. Este programa, que busca apoyar a los propietarios con reformas y seguros de impago, podría alcanzar ayudas de hasta 16.000 euros por vivienda.

En un comunicado emitido por la Consellería de Vivenda, se informa que el Diario Oficial de Galicia (DOG) dará a conocer la próxima semana la normativa que regirá esta iniciativa conocida como 'Fogar Vivo'. Las solicitudes para acceder a estas ayudas podrán presentarse entre el 18 de julio y el 30 de octubre de este año.

La intención del Gobierno gallego es movilizar un número significativo de propiedades vacías hacia el sector residencial, con una proyección de alrededor de 1.300 viviendas a través de este programa. La conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, y Heriberto García, director del Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS), han destacado la importancia de esta medida en términos de oferta habitacional.

Los precios de alquiler se fijarán dentro de márgenes accesibles, divididos en cinco tramos según el municipio. En ciudades como A Coruña, Santiago, Vigo y Pontevedra, la renta máxima mensual se establecerá en 700 euros, mientras que en otras localidades las cifras variarán, alcanzando hasta los 450 euros en ciertos lugares de la comunidad autónoma. No se impondrá un límite sobre la superficie de los inmuebles, lo que permitirá, por ejemplo, que una vivienda de pocas dimensiones en la capital gallega pueda arrendarse al precio máximo establecido.

De los mencionados 16.000 euros en ayudas, 11.000 estarán destinados específicamente a la rehabilitación y mejora de los inmuebles. Este año, se incluirán nuevas iniciativas, como la sustitución de electrodomésticos antiguos, incluyendo elementos indispensables como cocinas y sanitarios.

Las obras que recibirán financiación podrán haber comenzado desde el 1 de enero de 2025 y deberán concluir antes del 30 de mayo de 2026. Además, para los arrendadores que alquilen a jóvenes menores de 36 años o a familias con hijos, se ofrecerá un incentivo adicional de 2.000 euros, siempre y cuando hayan obtenido la ayuda para la rehabilitación.

Los propietarios, independientemente de si realizan reformas o no, podrán solicitar hasta 3.000 euros para contratar seguros de impago o multirriesgo. Según Martínez Allegue, esta ayuda es un paso necesario para abordar la inseguridad jurídica que muchas veces frena a los propietarios de poner sus propiedades en el mercado de alquiler.

La administración también se compromete a facilitar un sistema de pagos anticipados para los propietarios, que podrán recibir hasta un 80% del importe de la ayuda antes de terminar las obras; el resto será abonado tras la presentación de la justificación correspondiente.

Es fundamental que los inmuebles que aspiren a este programa no hayan estado en alquiler durante los tres meses previos a la presentación de la solicitud y deberán ser destinados a lo que la Xunta define como “alquiler accesible” por un mínimo de cinco años.

Por último, se integran incentivos fiscales adicionales que están vigentes desde enero, permitiendo a los propietarios deducir un 15% de los gastos vinculados a la adaptación de nuevas viviendas para alquiler y un importe máximo de 9.000 euros por vivienda en deducciones. Además, aquellos que pongan sus propiedades en el mercado de alquiler podrán beneficiarse de una deducción directa de 500 euros. En total, si se accede a todas las ayudas disponibles, un propietario podría recibir hasta 25.500 euros.